Los sindicatos califican de "ridícula" la oferta de la Xunta y mantienen la huelga

Representantes de los sindicatos y de la Administración autonómica se sentaron de nuevo a negociar esta mañana en busca de una salida a la huelga indefinida que, desde el miércoles de la pasada semana, ha provocado la suspensión de cientos de juicios y de miles de trámites jurídicos, además de la práctica paralización de los registros civiles.

Aunque el comité de huelga, en el que están representados los siete sindicatos del sector judicial autonómico, habían convocado al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, al encuentro de este lunes en la Escola Galega de Administración Pública, la Xunta ya avanzó el pasado viernes que acudirían quienes han ejercido de representantes en la negociación.

Así, con los miembros del comité de huelga se han sentado el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, y su homólogo en Función Pública, José María Barreiro, a la cabeza de las negociaciones.

Tras duros cruces de acusaciones entre las partes la semana pasada, Martín y Barreiro han acudido, según fuentes del Gobierno gallego consultadas por Europa Press, con una nueva oferta debajo del brazo, que es la que ahora está sobre la mesa.

Entre 660 y 900 euros al año

Hasta ahora, la Xunta planteaba, a través del complemento autonómico transitorio, un incremento de 75 euros al mes (900 euros al año) para los gestores; 62 euros al mes (744 al año) para los tramitadores; y 55 euros al mes (660 al año) para los auxilios. El incremento, que tendría efectos a partir del 1 de enero de 2019, se aplicaría en tres anualidades.

Además, la propuesta recogía que este aumento en el complemento sería compatible con mantener el concepto retributivo de 'IPC gallego', que ya perciben los funcionarios por trabajar en la administración autonómica gallega y que supone en torno a 9 euros al mes para los gestores; 8 euros al mes para los tramitadores; y 7 euros al mes para el cuerpo de auxilios.

A los sindicatos no les satisfacía la propuesta económica, ni tampoco el hecho de que se pospusiera el arranque de su aplicación hasta el 1 de enero de 2019. Rechazaban que sea "ilegal" un incremento en 2018 (como afirma la Xunta) y sugerían la vía de la "productividad" que contempla, alegan, la Ley del Poder Judicial, para poder aplicarla ya.

Además, incidían en que el hecho de que se realice en tres anualidades supondría que no cobrarían el total comprometido hasta 2021 y en que ni siquiera esas cifras "se corresponden con la subida real" que se alcanzaría dentro de tres años (que sitúan en torno a los 500 euros).

También está enquistada la "discriminación" que denuncian en las bajas por incapacidad temporal, en relación a sus compañeros jueces o fiscales, por ejemplo; mientras en otras cuestiones, como la consolidación de empleo, las amortizaciones o la cobertura de puestos de compañeros de rango superior, ambas partes ya habían reconocido avances, aunque con diferencias.