La quiebra empresarial, litigios por la asunción de determinada deuda e incluso acuerdos voluntarios para repartirse una propiedad han forzado que desde que comenzó el año se encuentren en subasta judicial 124 propiedades -pisos, casas y fincas, en la gran mayoría- para obtener 15,1 millones de euros y saldar así esos conflictos. Las pujas siguen abiertas en estos momentos y destaca la diferencia entre el dinero reclamado en los procesos y el valor real de los bienes, que rozan los 23,8 millones, es decir, un 50% más que los fondos que se necesitan cubrir.
Los datos constan en el portal de subastas dependiente del Ministerio de Presidencia y Administraciones Públicas y en muchos casos evidencian una quiebra empresarial o personal derivada de la crisis económica, que para muchos ciudadanos sigue constituyendo una losa. Así se intuye de dos subastas concretas en proceso. Una afecta a una nave industrial en Redondela, valorada en 1,7 millones de euros y que sale a la venta por mandato judicial para saldar una deuda de 308.298 euros. Si se vende por más, el dinero restante va para el dueño, aunque no es habitual. De esa forma, el propietario acaba perdiendo más de lo que realmente debía. Otro caso remite directamente al desplome del sector del ladrillo. Para saldar una obligación de 848.231 euros, sale a subasta un edificio situado en Oleiros, un municipio cercano a A Coruña y con una de las rentas per cápita más alta de Galicia, valorado en 1,6 millones. Similar es el caso de una deuda de 516.870 euros que forzó la subasta de seis pisos del mismo edificio en A Pastoriza, en el concello de Arteixo, a 12 kilómetros de A Coruña.
Distribución
Pontevedra es la provincia que acapara más propiedades abiertas a puja por mandato judicial, con 64, seguida de las 43 de A Coruña, las 12 de Ourense y apenas las 5 de Lugo. También lidera la primera el valor total de estas, con 11,2 millones, por delante de los 10,6 de A Coruña, los 1,2 de Ourense y los 706.403 euros de Lugo. Sin embargo, el primer puesto varía cuando se trata del dinero reclamado por vía judicial. Ahí, con 7,1 millones de euros se sitúan los procesos coruñeses, seguidos de los pontevedreses (6,8 millones), los ourensanos (607.440 euros) y los lucenses (536.639 euros), según las cifras del Ministerio de Presidencia y Administraciones Públicas.
En Pontevedra se sitúa también el proceso con la cantidad reclamada más alta de los que siguen abiertos en la comunidad al cierre de esta información. El juzgado de primera instancia de Vigo ordenó la subasta de nueve fincas situadas en Nigrán, valoradas en total en 2,8 millones de euros, 200.000 euros más que la cantidad exigida y que forzó precisamente el proceso de puja.
No todas las subastas obedecen a un mandato judicial, sino que once propiedades están abiertas a pujas de forma voluntaria, opción para repartirse un determinado bien entre varios dueños. En Pontevedra se sitúan dos de ellos, por siete en A Coruña, uno en Lugo y otro en Ourense, según Presidencia.
Procesos cerrados
En lo que va de año, los juzgados gallegos han cerrado ya la subasta de 56 propiedades por valor de 18,1 millones para intentar recaudar 11,2 millones, aunque la información del portal de subastas indica que solo se produjo una puja de 22.000 euros en un caso. El resto quedaron desiertas, hecho poco habitual, aunque no infrecuente debido a que la legislación establece que si la puja sea un 70% inferior al precio de tasación, el acreedor tiene la opción de adquirirlo mejorando la oferta.
En los cuatro primeros meses del año pasado, por ejemplo, se produjeron 369 procesos de este tipo y 152 se cerraron con adjudicación y otros 237 quedaron desiertos. El valor total de los bienes ascendía a 75 millones, pero las pujas solo rozaron los 20, según datos del Gobierno.
La orden judicial para vender al mejor postor una propiedad y así saldar de forma forzosa una deuda es el último paso en el via crucis legal para reclamar un compromiso de ese tipo. Antes, existen fases de negociación en sede judicial conocida como monitorios, una especia de arbitraje exprés que evita ir a juicio y, por tanto, reduce los gastos a los reclamantes.
Garantía del 5%
Las subastas son públicas y abiertas a cualquier ciudadano, aunque se establece la obligación de depositar el 5% del valor de salida de una propiedad para participar en su puja. Está prohibido visitarlas y los expertos recomiendan informarse sobre las cargas que puede tener cada una para evitar sorpresas que eleven la factura de la adquisición.
