El rastreo de todo el territorio gallego, las abultadas multas y la amenaza de derribo han diluido durante los últimos años la disciplina municipal del ti vai facendo por el ti faino ben. El director xeral de la APLU, José Antonio Cerdeira, ensalza las ventajas que supone para los concellos su adhesión a la agencia de control urbanístico, tanto económico como de carga de trabajo. Además, liberaría a los alcaldes de una tarea que, según admite, les "cuesta" por el coste político que conlleva: expedientar a un vecino por una obra ilegal.

-La APLU acaba de cumplir diez años. ¿Qué balance hace de esta década?

-Al principio se empezó con pocos medios y contados expedientes. Diez años después la conclusión es clara: estamos ante un organismo consolidado, que demuestra día a día su eficacia y su compromiso con la ordenación de nuestro territorio, la protección del paisaje y el cumplimiento de la ley. La APLU es un referente en toda España. Ninguna comunidad tiene una estructura consorcial con estas dimisiones ni dedica tantos medios a la disciplina urbanística. Es un modelo a seguir. Nos han trasladado desde algunas comunidades su intención de implantarlo. ¿Hacia dónde vamos? El mensaje que traslada un alcalde a sus vecinos integrándose en la APLU es el de hacer cumplir la ley.

-Aunque todo parecen ventajas para los concellos adheridos, a día de hoy son 69. ¿Por qué son tantos los que se resisten a integrase en la APLU?

-Sigue habiendo concellos que creen que la Administración autonómica quiere quitarles competencias y eso supone restarles servicios.

-¿Aún hay ayuntamientos demasiado tolerantes con las irregularidades urbanísticas?

-El ti vai facendo se ha diluido y ahora se aplica el ti faino ben. Me cuesta pensar que en el siglo XXI un alcalde le traslade ti vai facendo a un vecino. Sigue habiendo el mantra en los concellos de que si se adhieren no van a salir del municipio los inspectores de la APLU. No es así, vamos a inspeccionar igual; estén o no integrados. Nuestra presencia crea un efecto disuasorio. Reconozco que para un alcalde es difícil hacerlo. Estamos hablando de un pueblo de a lo mejor 1.000 habitantes, y por un vecino [expedientado] puede perder 15 votos, y eso puede traducirse en un concejal menos. No es agradable. Evidentemente al que le abras expediente, no te va a votar o no te va a batir las palmas, pero el alcalde se debe a todos.

-La construcción de una obra ilegal no solo supone el derribo y el coste de demolición, si no que acarrea penas de cárcel.

-A un vecino que va a hacer esa casa [en zona no edificable o sin licencia], hay que advertirle de lo que puede pasar. Puede acabar en la Fiscalía, con años de prisión, o con una sanción de 300.000 euros. El problema en Galicia es que le llamamos galpón a todo. Si la construcción tiene un baño, una cocina, sala de estar y antena no es un galpón. Es una construcción de recreo. Por un gallinero o un galpón para herramientas no va nadie a la cárcel. Al proceso penal se va cuando se construye un pretendido uso agrícola y se transforma en residencial. Galicia está lleno de fines de semana, pero esas construcciones en suelo rústico están prohibidas.

-¿La ciudadanía reacciona a golpe de multa o se respeta más la norma por concienciación?

-Hay más concienciación. Es como en carretera, ahora hay menos muertos que hace diez años. En urbanismo ya no solo es la APLU, también está la Fiscalía, la Policía Autonómica o Costas del Estado. Puede haber gente que sigue haciéndolo porque no valora las consecuencias, pero está la segunda parte. Y es que hay que mandar el expediente a Fiscalía. A mí me parece excesivo, pero lo marca la ley.

-¿Qué ilegalidad urbanística es más frecuente en Galicia?

-En Galicia se hacen las casas por fases. Encontramos muchas edificaciones sin terminar en suelo rústico que son ilegales desde que empezaron a construirlas hace 20 años. La gente no sabe que no prescribe mientras no esté la obra terminada. La Administración tiene para reaccionar contra una construcción ilegal seis años desde que está finalizada. No vale que la vivienda tenga puertas y ventanas y por dentro esté con ladrillo. Eso es un problema para mucha gente que ha abandonado hace años las construcciones, por la crisis, e incluso para herederos. Las construcciones ilegales ya terminadas están fuera de ordenación pero se pueden mantener y hacer obras de conservación. No hay semana que no abramos expediente de una edificación que lleva 15 años en obras. No hay sanción penal ni administrativa para estas construcciones, pero sí la demolición cuyo coste es de unos 20.000 euros. En Galicia, nos lastra esa forma de entender el urbanismo y las edificaciones: ir haciendo las viviendas poco a poco, incluso casas demasiado dimensionadas, de tres plantas para un matrimonio.

-Sobre las casas sin rematar con licencia, ¿asumirá la APLU las competencias sancionadoras que la Lei do Solo deja en manos de los concellos?

-Nosotros hemos hecho el ofrecimiento a la Fegamp. Si es una reivindicación municipal estamos dispuestos a estudiarlo. Por el momento, nadie nos ha tocado a la puerta para pedirlo.

-En 2017 se ha batido un nuevo récord de derribos, con 205. ¿Hay más infracciones, se inspecciona más o son fruto de expedientes abiertos años atrás?

-Es una suma de todo. Pero si estamos tramitando una media de 400 expedientes cada año, es previsible que la tendencia sea al alza. La orden de demolición de una construcción ilegal, tarde o temprano va a llegar. Se puede retrasar cuatro o cinco años con el pago de las sucesivas multas, pero el expediente acabará en derribo. Los procesos largos son de viviendas y de naves industriales. También hay propietarios que están pendientes de que se modifique el planeamiento de su concello y así legalizar su vivienda.

-En esos casos, ¿la APLU se muestra más flexible y trata de salvar esas viviendas o naves pendientes del nuevo PXOM?

-Para la APLU, los cambios de planeamiento se tienen en cuenta cuando entra en vigor. Hasta ese momento, seguimos nuestra dinámica. Si hay que imponer una multa se tramita, si hay que elaborar un proyecto de demolición, se hace. Se nos tacha de ser poco flexibles, pero se trata de ser consecuente. El éxito está en eso: saber cuál es tu camino y no desviarte. Ahora bien, si tengo fijada una demolición para el 6 de febrero y me dicen que el que 15 de febrero se publica el planeamiento del Concello? Ahí somos flexibles. Si hay posibilidades de salvar esa construcción en un horizonte visible, no en un plazo a seis meses, se hará.

-Hace un par de años se propuso el uso de drones para destapar irregularidades, ¿ya se han utilizado o se estrenarán este año?

-Todavía no se han utilizado. Está pendiente de la licitación y adjudicación. La idea es que podamos utilizarlos este año. Se va avanzando, por tierra y por aire. A veces llegar a los sitios es muy complicado; en ocasiones porque la masa forestal muy densa que impide ver lo que hay ahí. En la costa, dedicamos muchos esfuerzos. Ahí se concentran usos residenciales del que se quiere hacer una cabaña cerca de la playa, el que tiene una casa de servidumbre y la amplía. No cabe duda que los drones, con esa vista aérea, son la herramienta perfecta.