El Consello de Contas ampliará este año su control sobre las diputaciones provinciales tras la incorporación a última hora a su plan de trabajo de dos nuevas áreas objeto de fiscalización. Por una parte, se evaluarán los criterios de reparto de los fondos que las corporaciones provinciales destinan a los distintos ayuntamientos y, por otra, se medirá la eficiencia de su gasto de los últimos cuatro mandatos, por lo que serán nada menos que 16 años los ejercicios presupuestarios que tendrá que analizar el órgano de control externo de la comunidad autónoma.
Esta acción encomendada al Consello de Contas se aprobó ayer en comisión parlamentaria. La iniciativa partió del BNG pero contó con el respaldo del PP, por lo que la medida salió adelante. Igual que con otra iniciativa también del Bloque, que obtuvo el respaldo de los populares. En este caso, para fiscalizar la adjudicación de los contratos de limpieza de los edificios administrativos de la Xunta del año 2017.
El Gobierno gallego pretendía licitar un único contrato por 21 millones de euros para limpiar todas las instalaciones de la Xunta, repartidas en 88 ayuntamientos, incluyendo las distintas sedes de Madrid. Pero al final dio marcha atrás y tuvo que trocear el megacontrato porque de lo contrario quedarían fuera de la licitación las pymes gallegas del sector.
La comisión parlamentaria aprobó dos medidas más del casi un centenar de propuestas firmadas por la oposición, entre las que está el instar a la Xunta a elaborar un plan de trabajo 2017-2020 para facilitar la participación de las pymes en la contratación pública autonómica.
Pero el PP rechazó otras que para la oposición eran importantes, como auditar la contratación de medios aéreos de extinción de incendios y de Salvamento Marítimo; el nuevo plan de transporte; o la concesión del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
El diputado de En Marea Manuel Lago cargó contra la "apisonadora" del PPdeG, que provoca un "Parlamento profundamente devaluado". "Lo que ahora estamos viendo a mí me preocupa profundamente por el deterioro de la calidad democrática", se quejó. "Año tras año el Consello de Contas emite recomendaciones y el Gobierno año tras año las incumple", añadió.
Begoña Rodríguez, del PSdeG, insistió en el mismo mensaje de que la Xunta hace caso omiso de todas las advertencias de Contas, pues "desprecia a los propios órganos de control" por su "opacidad que lleva a todos los extremos de su gestión". A modo de ejemplo, señaló una resolución incumplida por la Xunta, presentada por el propio PP el año pasado, para la creación de un registro de entidades del sector público previsto en la ley de administración general.
La parlamentaria del BNG Noa Presas defendió más recursos para que el órgano fiscalizador "tuviera una planificación más ambiciosa", y se quejó de que no se admita casi ninguna propuesta de la oposición mientras el PP solo presenta medidas de "propaganda y autobombo".
En contraposición, Cristina Romero (PPdeG) abogó por presentar limitadas y muy genéricas recomendaciones al Consello de Contas con el fin de respetar su "independencia" para elegir sus acciones de fiscalización. "Si aceptáramos todas las recomendaciones ya podríamos quitar recursos del resto de la Xunta porque tendríamos un Consello de Contas multiplicado por cuatro", replicó.
