Con cada promoción del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), no solo se ponen a la venta los pisos públicos, para los que hay lista de espera, sino también los locales comerciales que quedan en los bajos. Y estos son más difíciles de vender. Más de un centenar están vacantes ahora mismo. Las subastas para adjudicarlos quedan desiertas y la Xunta tiene que asumir el elevado coste que supone pagar el IBI de todos estos inmuebles. Para intentar darles salida a estos espacios, la Consellería de Infraestruturas introducirá un cambio legal en el nuevo decreto de viviendas protegidas para que estos locales puedan ser cedidos en condiciones ventajosas a viveros de empresas así como asociaciones y entidades sociales sin ánimo de lucro.
La nueva normativa, que la Xunta espera aprobar en el primer semestre de este año, contemplará la cesión de estos locales por periodos de diez años. En cada caso se suscribirá un convenio. El IGVS permitirá la cesión gratuita para instalar viveros que sirvan de apoyo a empresas y emprendedores que están dando sus primeros pasos. Si son entidades de carácter social se les dejará usar estos espacios con descuentos de hasta el 50 por ciento. Y además el Instituto Galego de Vivenda e Solo pretende reaprovechar estos bajos trasladando allí oficinas de la Xunta o de sus organismos dependientes.
"Tenemos dificultades para venderlos porque están en zonas de demanda comercial limitada", explica el director xeral del IGVS, Heriberto García. Están repartidos tanto en determinadas zonas de las urbes como en concellos del rural, según aclara. "Es cierto que estos locales tienen una carga tributaria. Aunque nuestra motivación principal es sacar rendimiento a estos espacios que están inutilizados", señala el responsable del Instituto Galego de Vivenda e Solo.
Desde 2011 la Xunta ha ido sacando a concurso distintos lotes de locales comerciales para darles salida, pero aún así, a fecha de hoy todavía tiene más de un centenar en stock.
En la normativa actual solo se prevé el alquiler o compra de estos locales comerciales. El IGVS quiere "flexibilizarlo" y permitir también la adjudicación directa y la cesión en caso de que las subastas convocadas para vender estos bajos queden vacantes.
Los locales comerciales se adjudicarán mediante subasta pública, en primer lugar. Si queda desierta se convocará una segunda puja en la que se podrán bajar hasta un 30 por ciento los precios iniciales de venta o alquiler.
En el caso de que esto no funcione y los bajos continuasen vacantes se abrirá la vía de la adjudicación directa o la cesión.
La opción de la adjudicación directa se aplicará para instalar en estos espacios servicios de carácter público o bien cuando concurran razones de interés social. El IGVS fijará el precio que considere adecuado "teniendo en cuenta las características de la oferta y la demanda y las expectativas de mercado". En cualquier caso, la Xunta no admitirá ofertas que supongan una rebaja superior al 20 por ciento del precio fijado para el local.
En la adjudicación directa tendrán siempre preferencia organismos públicos como concellos que quieran utilizar estos espacios para abrir guarderías o centros de día para mayores o dependientes.
También tendrán prioridad las iniciativas privadas enfocadas al fomento del empleo, la conciliación laboral y la inserción laboral de las mujeres.
Fomento del empleo
Si aún así, el IGVS no lograse dar salida a sus locales comerciales podrán cederlos a organismos públicos, entidades sociales o emprendedores gratuitamente o en condiciones muy ventajosas.
El nuevo decreto de la Consellería de Infraestruturas permite ceder estos bajos en régimen de arrendamiento o compra "para impulsar la iniciativa empresarial, apoyar a los emprendedores o para uso de viveros de empresas, así como proyectos que promuevan el desarrollo económico y cultural del entorno del grupo de viviendas de promoción pública en la que se encuentren emplazados los inmuebles".
También se podrán ceder locales a iniciativas empresariales que contraten y garanticen la permanencia en su puesto de trabajo a mujeres embarazadas, que garanticen la conciliación de la vida familiar y laboral y fomente el empleo y la inserción laboral de las mujeres, con especial atención a las víctimas de violencia de género. "Estas circunstancias se tendrán en cuenta como preferentes", señala la nueva normativa.
