Pese a contar con una financiación raquítica, los ayuntamientos han sabido cuadrar las cuentas y cerrar con superávit sus ejercicios presupuestarios desde el año 2012. Sobre unos 5.000 millones el correspondiente a 2017 en todo el Estado, según avanzó ayer el presidente de Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Abel Caballero. Este saneamiento de las cuentas es lo que les permite dejar en una cuestión menor el recurso a la financiación externa. En 2016, los concellos gallegos sumaron solo 36,56 millones de euros en nueva deuda, un importe que significa reducir en un 34,5% los préstamos solicitados un año antes, según el último balance de liquidaciones de las administraciones locales difundido por el Ministerio de Hacienda.

Los 36,5 millones de nuevo endeudamiento son una cantidad sensiblemente inferior a las registradas durante los años duros de la crisis económica, cuando los municipios soportaron un sustancial recorte de los fondos procedentes del Estado por la caída de la recaudación global. Así, en 2009 el pasivo financiero de diputaciones y ayuntamientos alcanzaba los 137 millones, subía a 151 en 2010 y descendía hasta los 123 millones en 2011. Pero fue al año siguiente cuando la nueva deuda alcanzó su techo -desde el año 2001, cuando se sistematizaron los registros de las cuentas locales-, con nada menos que 220 millones de euros solicitados en créditos.

A partir de ahí, los números ya fueron sensiblemente menores, con al algo más de 54 millones de deuda nueva en 2013, casi 20 en 2014 y 55,8 en 2015. A este descenso ha contribuido tanto la recuperación económica como la subida del IBI y la regularización de miles de construcciones que estaban sin declarar y por las que los propietarios no pagaban el principal impuesto que gestionan los ayuntamientos.

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Y de la misma forma que reducen el recurso al endeudamiento, también baja su coste financiero para los ayuntamientos. En el año 2016 los intereses de los créditos se llevaron 7,2 millones de euros, la factura más baja de los últimos quince años, casi una tercera parte de los registros del año 2014, como recoge en balance realizado por el departamento de Cristóbal Montoro.

Esta merma en el importe pagado por los intereses fue posible por la reducción de los créditos en años anteriores, por la tendencia a la baja de los tipos y por los mecanismos en condiciones muy ventajosas habilitados por el Gobierno central para que los ayuntamientos pudieran saldar las facturas pendientes que tenía con los proveedores de servicios y contratistas de obras.