Hasta el año 2012, los ayuntamientos gallegos no tenían sanción alguna por entregar con retraso o directamente non rendir sus cuentas ante el Consello de Contas. Pero ese ejercicio entró en vigor un decreto de la Xunta que le dio la vuelta a la situación, ya que desde entonces todos los concellos que no envían en tiempo sus presupuestos al órgano fiscalizador de la comunidad autónoma se quedan de forma automática fuera de las convocatorias de subvenciones autonómicas. Esta condición del Gobierno gallego ha servido como un estímulo a los municipios para ponerse al día en la rendición de cuentas, pero aún así no todos cumplen en plazo. Así, actualmente hay 20 concellos -siete de ellos de la provincia de Pontevedra- que no pueden acceder a ninguna de las ayudas que concede la Administración autonómica porque todavía no han entregado sus presupuestos del año 2016 al Consello de Contas.
El veto, en todo caso, expira en el momento en que se cumple con la obligación de rendir cuentas, aunque también es cierto que hasta entonces no se podrá acudir a ninguna de las convocatorias que vaya abriendo la Xunta para ir repartiendo a lo largo del año las distintas subvenciones que reservan los presupuestos autonómicos destinadas a las administraciones locales, con cantidades que oscilan entre los 250 y los 300 millones de euros, dependiendo del ejercicio.
El decreto de la Xunta que entró en vigor en 2012 establece que los concellos deberán entregar al Consello de Contas las cuentas presupuestarias de un ejercicio en los diez meses siguientes al término del año. El plazo para presentar la documentación de 2016 acabó por tanto el pasado de octubre y, a punto de finalizar enero, una veintena de municipios sigue sin rendir cuentas.
El Consello de Contas hace la lista con los concellos retrasados y los datos se transmiten a la Consellería de Presidencia para que la Administración autonómica conozca qué ayuntamientos tienen bloqueado el acceso a las convocatorias de ayudas.
Ahora mismo se encuentran en esta situación siete ayuntamientos de la provincia de Pontevedra: Caldas de Reis, A Cañiza, Nigrán, Salvaterra de Miño, A Illa, Cerdedo y Cotobade -estos dos últimos comenzaron a funcionar como un único municipio a finales de 2016-.
Por A Coruña figuran cinco concellos: Coristanco, Negreira, Ponteceso, Rois y Ferrol, siendo esta la única ciudad que no tiene acceso a las subvenciones de la Xunta. De la provincia de Lugo también aparecen cinco ayuntamientos según la relación elaborada por el Consello de Contas. Son Antas de Ulla, Cospeito, Quiroga, Ribas de Sil y Sarria. Finalmente, por Ourense solo hay tres municipios, Melón, A Pobra de Trives y Verín.
Otros siete ayuntamientos acaban de entregar su documentación al Consello de Contas, pero todavía no ha sido validada. Y entre estos municipios que han rendido sus cuentas con retraso figura el de Lugo, además de los de Cangas, Ponte Caldelas y Salceda de Caselas, entre otros.
El veto a las subvenciones solo funciona para las de carácter autonómico, pero no para las que concede el Gobierno central. Por eso, el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, propuso el pasado mes junio que se promuevan las reformas legales necesarias a fin de que la rendición de cuentas sea considerada requisito indispensable para el acceso por parte de las entidades locales a la concesión de todo tipo de ayudas públicas. Y para evitar que haya discriminaciones entre territorios, pidió que los plazos para presentar la documentación fueran los mismos.
