Las empresas han impugnado en los últimos cuatro años ante el tribunal central de contrataciones 641 adjudicaciones realizadas en la comunidad autónoma gallega por las distintas administraciones públicas. Porque de la misma forma que existe un tribunal administrativo al que acudir cuando un contribuyente está disconforme con la liquidación de un impuesto, las empresas también disponen de otro órgano similar para recurrir específicamente por vía administrativa las adjudicaciones de contratos públicos de obra, suministro o servicio.
Es el Tribunal Central de Recursos Contractuales, al que acudieron hace unos meses, por ejemplo, tres de las cuatro federaciones de transporte de Galicia para intentar echar abajo la reestructuración de las 41 concesiones que afrontó la Xunta el pasado verano, en las que mezclaba en el mismo paquete servicios regulares de viajeros por carretera con el transporte escolar.
El Gobierno gallego trabaja para crear un tribunal propio autonómico, pero mientras tanto, las impugnaciones se siguen enviando al Madrid. En todo caso, se trata de un procedimiento que no cierra la vía de la justicia ordinaria.
El tribunal depende del Ministerio de Hacienda y tiene como objetivo principal de su actuación asegurar el trato no discriminatorio y la igualdad entre los contratantes velando por la correcta aplicación de las normas que incorporan tales principios al ordenamiento jurídico vigente. Se creó en el año 2010 pero Galicia no se adhirió a su funcionamiento hasta noviembre de 2013. Y a este órgano que tiene capacidad para paralizar un proceso de adjudicación o dejarlo en suspenso, se puede recurrir por contratos cuyos importes oscilan entre varios miles de euros y decenas de millones de euros.
En el 2014 se atendieron 130 impugnaciones procedentes de Galicia, que se elevaron a 184 en 2015, para luego bajar a 173 en 2016 y quedarse en las 154 el pasado año. En total suman 641 reclamaciones presentadas y resueltas con origen en la comunidad autónoma.
La mayoría de las impugnaciones corresponde a contratos de la Xunta, dado su volumen presupuestario, pero también las hay referentes a ayuntamientos y diputaciones provinciales. Por ejemplo, una empresa impugnó la adjudicación por parte del Concello de Cualedro de la gestión de la residencia y centro de día de ese ayuntamiento por un importe de casi 4,8 millones de euros. Otra recurrió una licitación de dos lotes de la Consellería de Sanidade por importe de 11,5 millones de euros para el suministro de consumibles y arrendamiento de los equipos necesarios para realizar los análisis en las áreas sanitarias de Verín, Ourense y o Barco. En el primer lote, de 10,2 millones de euros, se le dio la razón a la Xunta, pero en el segundo, por 1,22 millones, se anuló la adjudicación.
Otra de las impugnaciones afectó la hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Una empresa impugnó el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de diverso equipamiento, pero el tribunal avaló a la Consellería de Sanidade.
Aunque se le suele dar la razón a la administración, lo cierto es que mientras no se resuelva el litigio, la adjudicación queda en suspenso y el plazo de respuesta puede demorarse varios meses. Precisamente, esta es una de las razones que llevó a la Xunta a decidir la creación de un tribunal propio para resolver litigios por licitaciones. Su constitución se aprobó en enero de 2017. "Lo hacemos porque es un paso importante para mejorar nuestro autogobierno y para bajar los tiempos de respuesta y descongestionar los casos que esperan a ser atendidos", explicaba en su día el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo.
El tribunal gallego estará compuesto por tres funcionarios de carrera, un presidente y dos vocales, con el título de Derecho y una experiencia profesional superior a los diez años. El pasado mes de noviembre se abrió la convocatoria para seleccionar a estas tres personas y en estos momentos, según la Consellería de Facenda, se está terminando el proceso, "toda vez que se tienen que analizar los méritos que presentan los distintos aspirantes".
Comunidades como Castilla y León, Aragón, Navarra o Canarias ya disponen de sus propios tribunales de resolución de conflictos en materia de contratos públicos.
