Aunque se trata de un proyecto con una vigencia corta, hasta el año 2019 -momento en el que será sustituido en su integridad-, el plan de transporte de la Xunta aprobado en julio de 2017 tendrá un recorrido con un fuerte componente judicial. Porque actualmente, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) está tramitando al menos una docena de recursos presentados por empresas y asociaciones que están en desacuerdo con la reordenación del transporte de viajeros por carretera que ha emprendido el Gobierno gallego.
Esta reestructuración del sector estuvo obligada por una sentencia del año 2016 del Tribunal Supremo, que anuló la prórroga de las concesiones que había aprobado la Xunta por resultar contraria al derecho comunitario debido a la excesiva duración de los nuevos contratos, de diez años.
Para salir del paso, la Administración gallega aprobó una ley exprés para dar seguridad jurídica a las concesiones existentes, de forma que pudieran seguir prestando el servicio hasta finales de 2019, año en el que se sacaría a concurso un nuevo mapa de rutas de transporte. Pero esa misma ley abrió la puerta a que las empresas pudieran renunciar, transcurrido un año, a las líneas que estaban explotando, lo que motivó nada menos que 69 cancelaciones de concesiones. Como causa de fondo estaba la baja rentabilidad de estas líneas. En consecuencia, a la Xunta no le quedó más remedio que abordar por anticipado un plan de transporte parcial para garantizar el servicio de traslado de viajeros por carretera en un amplio territorio de la comunidad. Y ese programa se aprobó el pasado mes de julio y se procedió a las nuevas adjudicaciones. Se sacaron a concurso 41 concesiones, a las que este mes se sumarán dos más, y como novedades, entre otras, se incluyen en el mismo paquete líneas convencionales por carretera con servicios de transporte escolar, pudiendo además usarse los buses del colegio para llevar pasajeros ajenos al sistema educativo.
Esta reordenación se encontró con una intensa oposición por parte de sindicatos, patronal y empresas, que realizaron paros periódicos para presionar la Xunta.
Se intentó paralizar el proceso y tres de las cuatro federaciones de transporte que hay en Galicia impugnaron el plan ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la primera instancia en la que se impugnan las adjudicaciones y que depende del Ministerio de Hacienda.
Primera batalla
Este tribunal se declaró incompetente en determinados aspectos para cerrar el litigio, pero aún así se negó a paralizar el plan por el perjuicio que podría acarrear para el interés general, alegando que los daños que podría provocar a las empresas eran muy inferiores a los que se podría ocasionar a los ciudadanos. De esta forma, respaldó las premisas de la Xunta, de la misma forma que apoyó el modelo de adjudicación directa.
Cerrada la vía administrativa, las empresas acudieron entonces al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, donde ya se están tramitando los recursos contra el plan de transporte.
Según diversas fuentes, las empresas impugnan con carácter general la necesidad de que hubiera que recurrir a un procedimiento de urgencia para realizar las nuevas concesiones -41 en total más dos nuevas que están a punto de adjudicarse-; que la duración de los contratos sea de 24 meses, lo máximo permitido en estas circunstancias; y que se eligiera el sistema de adjudicación directa.
Pero también se recurren concesiones concretas en las que una empresa se considera perjudicada y porque se pretende conseguir una indemnización de la administración pública. Las razones de los recursos se cruzan entre interés particulares de algunas empresas y los que consideran comunes que afectan a todo el sector. Y todos ellos coinciden en rechazar que en una misma concesión se incluyan líneas regulares por carretera y de transporte escolar, ya que consideran que es una fórmula para en el futuro recortar los fondos destinados al traslado diario de alumnos.
En todo caso, este plan es temporal, pues antes de que acabe el año 2019 la Xunta tendrá que haber puesto en servicio la reestructuración de todo el transporte de viajeros por carretera, con una gestión integrada de los autobuses escolares y del interurbano, sin distinción. De hecho, la Consellería de Educación perderá sus competencias sobre una parte del sector, que serán asumidas en su integridad por la de Infraestruturas.
