La libre competencia en el mercado es una garantía para el consumidor, que le permite elegir entre distintos productos y precios en función de sus intereses. Sin embargo, cada vez parecen ser más habituales las prácticas anticompetitivas y así lo reconocen en Galicia las propias empresas. Cuatro de cada diez empresarios revelan que en su sector se producen con "bastante o mucha frecuencia" acuerdos de fijación de precios, cuando cinco años antes solo el 11 por ciento denunciaba este tipo de fraude. Pero además el 35 por ciento advierte que también tiene conocimiento de acuerdos entre firmas competidoras para repartirse el mercado (frente al 15,8 por ciento que lo apuntaban en 2011).
Así lo desvela una encuesta realizada por el Consello Galego da Competencia entre más de ochocientas empresas del sector del comercio y la industria durante los años 2015 y 2016, y que acaba de publicar ahora. El sondeo anterior, realizado en 2011, reflejaba una menor preocupación por este tipo de prácticas anticompetitivas.
Sin embargo, tras finalizar este estudio Competencia certifica que hay cuatro conductas que se dan con bastante o mucha frecuencia en los mercados gallegos y que admiten al menos el 20 por ciento de los empresarios encuestados. Por un lado, se denuncian pactos de fijación de precios y acuerdos para repartirse el mercado. Y además se advierte de dos conductas "abusivas" relacionadas con la posición dominante de una determinada empresa o con la dependencia económica de sus proveedores: la aplicación de condiciones discriminatorias y la imposición de la compra de un producto como condición para la venta de otro.
En cuanto a la fijación de precios, este tipo de fraude es más habitual en el comercio que en la industria. Competencia aclara que esto puede deberse a que las empresas comerciales tienden a ser más pequeñas que las industriales y por eso "son más sensibles a este tipo de prácticas".
Algunos ejemplos recientes de fijación de precios en Galicia han sido, por ejemplo, la sanción impuesta a quince agrupaciones de mejilloneros o la multa a las autoescuelas de la provincia de Pontevedra por pactar tarifas. Y desde la Xunta se ha denunciado en reiteradas ocasiones que las gasolineras en Galicia también pactan precios y de ahí que los combustibles en la comunidad gallega estén entre los más caros de España.
En la relación con los proveedores también se producen prácticas anticompetitivas. La más frecuente, que denuncian más del 43,3 por ciento de las firmas gallegas consultadas, es que las empresas a las que suministran o compran determinados productos les aplican condiciones diferentes a las de otras compañías.
Otro 16,5 por ciento de los empresarios se quejan de que les imponen la compra de un producto al adquirir otro.
Estas prácticas abusivas son denunciadas sobre todo en el ámbito del comercio y Competencia alerta que existen lagunas legales que impiden perseguir este tipo de conductas.
El estudio de Competencia constata además un clima cada vez más favorable entre el tejido empresarial gallego en relación a la libertad de horarios. Si en 2011 solo el 15 por ciento de las empresas estaban a favor, en la última encuesta realizada por el organismo regulador aumenta hasta el 45 por ciento el porcentaje de firmas que defienden la libertad en las horas de apertura y cierre de los locales comerciales.
