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La mejora económica reduce a seis los concellos a los que Facenda pide ajustes

La exigencia de recortes alcanzó a 36 entidades al cierre de 2016 -Caen un 70% las administraciones bajo la lupa de la Xunta

Balance de la tutela financiera de la Xunta sobre las entidades locales

La mejora de la salud financiera de la administración local ha situado en mínimos el número de concellos bajo la lupa fiscal de la Xunta, que tiene la competencia de ejercer la tutela financiera de aquellos municipios y diputaciones que no se ajusten a los corsés contables fijados por el Gobierno central. El año 2016 se cerró con 36 ayuntamientos a los que se les reclamaron planes de saneamiento o de pago a proveedores dentro del máximo legal de un mes, cifra que se desplomó hasta apenas seis cuando concluyó el año pasado. Se trata de Rianxo, Coristanco, Ortigueira, Triacastela, Quiroga y Cortegada.

Los datos reflejan el buen momento económico local. Ayuntamientos y diputaciones del Estado alcanzaron un superávit de 5.919 millones de euros al cierre del tercer trimestre del año, lo que, según las cifras del Gobierno, supone un incremento del 11,2% y 594 millones. Por su parte, en octubre las comunidades lograron revertir el déficit de 2016 en ese mismo mes del 0,3% a un superávit del 0,11%. Por su parte, la administración central se mantuvo en desequilibrio, aunque este bajó del 2,04% de octubre de 2016 al 1,17% del mismo periodo del año pasado. Por eso, los municipios exigen al Gobierno libertad en la inversión de su superávit, de la que carecen por el marco legal aprobado en 2012.

En aquel momento se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obligó a las administraciones a primar el pago de la deuda para atajar el déficit público, disparado durante la crisis y agravado por el incremento de la prima de riesgo, lo que encarecía la financiación del Estado. PP y PSOE incluso pactaron la reforma de la Constitución en el artículo 135 para blindar el cumplimiento con los acreedores. Se establecieron reglas como no aumentar la inversión por encima del crecimiento del PIB, así como un calendario de ajustes fiscales para equilibrar las cuentas.

El Ministerio de Hacienda es quien tiene potestad sancionadora a comunidades o municipios que se salten las normas, reduciendo sus aportaciones económicas o incluso interviniendo sus cuentas, opción con la que amenazó a Madrid por elevar su inversión por encima del máximo fijado en función del crecimiento del PIB, a pesar de su superávit económico.

En Galicia, la vigilancia está delegada en la Consellería de Facenda, cuya Dirección Xeral de Política Financiera llegó a supervisar las cuentas de 130 entidades locales a finales de 2015. Esa cifra cayó a 55 un año después y en diciembre pasado apenas eran 14, según su último informe.

De ellas, solo seis municipios recibieron una petición formal de recortes para cuadrar sus balances. A Rianxo, Coristanco, Ortigueira y Triacastela les reclamó planes económico-financieros generales, mientras que a Quiroga y a Cortegada les demandó medidas para sanear el remanente de tesorería negativo.

Sobre el resto de entidades consta la recepción de planes de ajuste, en el caso de Coristanco (aparece en ambas listas porque hay medidas que pueden referirse a diferentes ejercicios económicos), Baleira y la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, y el envío de datos para ajustarse al plazo legal de pago de facturas de Nigrán y Guitiriz. Además, Facenda emitió informes de sustentabilidad financiera sobre Chantada y Folgoso do Courel y autorizó los planes de Lugo y la Diputación de Ourense.

El informe del cuatro trimestre del año pasado muestra por tanto a 14 entidades bajo la lupa de Facenda, después de que entre julio y septiembre pasado urgiese por segunda vez planes de ajuste a 28.

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