Contas examinará este año el control de la corrupción en las entidades públicas para elaborar mapas de riesgo, determinar los puntos débiles de cada una y aplicar planes contra esas prácticas en 2019. Afronta así la tarea que le encomendó un cambio aprobado en 2015, aunque el órgano fiscalizador se quejó de tener que asumir esa función sin incrementar su plantilla.
El organismo cuenta ya con dos documentos que establecen el marco de actuación para atajar la corrupción en Xunta, concellos, diputaciones, universidades, cofradías y cámaras de comercio y agrarias, sometidas a su control, aunque Contas carece de capacidad de castigo en caso de incumplimiento de sus directrices. La Estrategia en materia de prevención de la corrupción y las Directrices técnicas para la evaluación del control interno en las entidades públicas determinan el inicio desde este mismo mes de enero del proceso para luchar contra una práctica que entre los años 2012 y 2016 provocó la apertura de 1.010 causas, aunque solo 125 acabaron en juicio por malversación de fondos públicos, prevaricación, cohecho o blanqueo de capitales, según los datos de la Fiscalía Superior de Galicia.
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El primer paso de la Sección de Prevención de la Corrupción de Contas pasa por un examen que cada administración deberá completar diferentes tests para calibrar si sus defensas son inexistentes, bajas, medias o altas, distribuidos en cinco apartados: entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. En el análisis se abordará la situación global de cada administración, pero se compatibilizará con un análisis de actividades "especialmente susceptibles a posibles actos de corrupción, como por ejemplo la administración de recursos públicos (contratos, subvenciones, manejo de efectivo, enajenación de patrimonio); funciones de regulación, inspección y sanción; autorizaciones urbanísticas; gestión de personal; o relaciones con organizaciones y profesionales que representan intereses privados (lobbies)", cita el organismo en los citados documentos.
En la primera fase del cuestionario que deberán responder con puntuaciones de 1 a 5 las entidades se proponen preguntas como la existencia de códigos éticos y de conductas o si se adoptan castigos disciplinarios, así como la existencia de canales de denuncia de corruptelas. También la atención prestada a los recursos internos y la separación de tareas del control de operaciones contables. En el segundo, se quiere determinar si la administración evaluada cuenta con un mapa de riesgos que determine qué puntos son los más sensibles, mientras que en el tercero se pide conocer los conocimientos para controlar cada actividad, como el control del personal implicado en cada actividad o las garantías de invariabilidad de datos informáticos. En el cuarto deberá responderse si se analizan informes de actividades financieras y cómo se controla las comunicaciones con proveedores o contratistas. El último apartado, el referido a la supervisión, determinará la periodicidad de las evaluaciones ante posibles corruptelas, de existir, y si estas se realizan de forma externa a través de otras entidades públicas o privadas.
La puntuación obtenida por cada entidad pública permitirá a Contas "determinar la situación del sistema de control interno" y elaborar un "estudio de evaluación [?] que contenga las áreas de mejora y las estrategias y recomendaciones sugeridas para el fortalecimiento del sistema de control interno". Este proceso deberá realizarse este año para luego implantarlos el año que viene. De acuerdo con el cronograma de Contas, en el año 2020 se analizará el resultado de su aplicación.
El organismo señala como "imprescindible" en el proceso establecer un "canal de comunicaciones adecuado para sensibilizar a los responsables de las entidades públicas respecto de la importancia del sistema de control interno, su finalidad y objetivos". Por ello, aboga por un "acompañamiento" a estos en el proceso de elaboración e implantación de las estrategias con que minimizar las corruptelas.
