El gasto farmacéutico es una de las facturas que más pesa en el presupuesto autonómico. De hecho, se lleva casi el 8% del volumen total de fondos que maneja la Xunta. Para este año, el gasto en recetas se acercará a los 728 millones de euros. Su sostenibilidad financiera es uno de los retos que tiene que afrontar el Sergas y de medirla se va a encargar el Consello de Contas, el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma, que este año realizará una auditoría sobre el gasto derivado de la dispensación de recetas médicas.
Esta inspección figura en el plan de trabajo del Consello de Contas para este ejercicio y es una de las novedades del programa de fiscalización. Pero no se auditará el gasto farmacéutico de un solo año, sino de todo el periodo 2009-2017, control que se sumará al realizado el pasado año relativo al área de farmacia hospitalaria, para así "ofrecer una visión global del gasto farmacéutico que tiene que afrontar la sanidad pública gallega".
Concretamente lo que se realizará a lo largo de este año será "una auditoría operativa en la que se procederá a la evaluación de la gestión de la prescripción de recetas, analizando aspectos funcionales y organizativos, así como su registro e imputación contable, y su sostenibilidad financiera".
La factura farmacéutica se acercó a los 1.000 millones de euros en 2010, una cantidad de recursos ingentes en un momento en el que además la recaudación de las administraciones públicas se resentían sobremanera por el impacto de la crisis. El Sergas intensificó entonces el control, realizando un especial seguimiento de la prescripción de cada facultativo e impulsado los medicamentos genéricos y de los de precio reducido para rebajar la factura Con estas medidas, bajó a 675 millones de euros en 2015, pero a partir de entonces volvió a subir, para alcanzar los 696 en 2017 y contar este año con una previsión presupuestaria de 727,5 millones de euros.
Afecta de tal forma a las cuentas públicas este capítulo, que la Xunta quiere que el gasto sanitario asociado al envejecimiento poblacional figure como un elemento de cálculo independiente en el nuevo modelo de financiación autonómica, cuyo debate es previsible que se inicie de forma inminente.
El caso de Galicia es paradigmático en España, pues el envejecimiento está detrás de la cifra de que el 70% de los gallegos consuman fármacos, el porcentaje más alto del Estado.
| Contratos del Sergas
También vinculado con el Sergas, el Consello de Contas también realizará una ampliación de la fiscalización de la contratación entre los años 2012 y 2014. El objetivo concreto es atender la denuncia formulada por la Asociación Batas Blancas en la relación a tres contratos adjudicados en 2011 por el Complejo Hospitalario de Pontevedra.
| Deuda autonómica
El endeudamiento autonómico también figura en el punto de mira del Consello de Contas, dado la relevancia que ha alcanzado en los últimos años. En el tercer trimestre del pasado año, la deuda pública de Galicia superaba los 11.300 millones de euros.
En su plan de trabajo, Contas analizará el periodo 2013-2017. "El ámbito objetivo abarcará el análisis de la sostenibilidad de la deuda autonómica, de la carga financiera, de la efectividad de las operaciones de refinanciación, de los sistemas de control y la fiscalización individualizada de expedientes de concertación de operaciones de deuda", se recoge en el documento de planificación. El anterior control de este tipo afectó al periodo 2005-2012.
| Accesibilidad de las pymes
Siguiendo las indicaciones del Parlamento, el Consello de Contas abordará este año otra inspección novedosa. Se trata de fiscalizar los procedimientos de contratación que utilizan las entidades instrumentales de la comunidad autónoma -como fundaciones, sociedades y empresas públicas...- para comprobar la existencia o no de trabas que dificultan o impiden la participación de las pymes en las licitaciones públicas. "El objetivo es analizar si las entidades instrumentales procuran una contratación accesible a las pymes", se dice.
| Protección medioambiental
Como novedad también figura la elaboración de un informe para valorar si las administraciones locales aplican criterios medioambientales "en todas y cada una de las facetas de sus acción". Esta fiscalización está dirigida a los concellos de más de 10.000 habitantes.
