La Xunta amplía el límite de ingresos para poder acceder a una vivienda pública lo que permitirá que un mayor porcentaje de gallegos puedan optar a un piso en condiciones más ventajosas que las del mercado libre y con posibilidad además de beneficiarse de las ayudas públicas que ofrece el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para su alquiler o adquisición. Tras una larga tramitación la Consellería de Infraestruturas ultima el nuevo decreto que regula las viviendas protegidas y que espera aprobar en el primer semestre de 2018. Con esta normativa el tope de ingresos para beneficiarse de un piso tanto de promoción (aquellos que son propiedad o construidos directamente por el IGVS) como de protección (impulsados por promotores privados) sube de 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) a 3 veces el IPREM. Es decir, si antes se exigía estar por debajo de los 18.797 euros anuales para acceder a una vivienda pública, ahora este baremo se eleva a 22.557 euros, un 20 por ciento más.
Esto incrementará el número de solicitantes inscritos en el Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida, que actualmente se sitúa en 12.000 y que se desplomó a la mitad en los últimos cinco años. La principal ventaja de poder optar a un piso público es el precio. Según los datos del Ministerio de Fomento, un inmueble protegido cuesta en Galicia 931 euros por metro cuadrado, un 21 por ciento menos que una vivienda libre.
Pero la ampliación de los límites de renta no es la única novedad de este decreto, al que el Consello Galego da Competencia acaba de dar su visto bueno:
| Bonificaciones del IBI. La Xunta priorizará la construcción de viviendas de promoción pública en aquellos concellos que cedan suelo o que apliquen una bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 50 por ciento a estos inmuebles.
| Viviendas concertadas. Es un nuevo tipo de vivienda de promoción pública. En este caso, no serán construidas por el IGVS sino por otra entidad pública o privada. La Xunta firmará un convenio para que pasen a formar parte de la bolsa de pisos públicos y satisfacer así a la demanda existente en algunos concellos en los que hay muchos solicitantes y poca oferta.
| En derecho a superficie. Para facilitar el acceso de colectivos desfavorecidos a una vivienda, la Xunta ha ideado un nuevo modelo de adjudicación en derecho de superficie. Consistirá en la cesión del inmueble a los adjudicatarios que podrán disfrutar del piso en calidad de dueños durante un periodo de 30 años a cambio de un canon. Pasado este periodo de tiempo, la propiedad volverá al IGVS.
| Copropiedad. Otra fórmula novedosa para acceder a una vivienda pública: los demandantes, con rentas inferiores a 2,5 veces el IPREM, que tengan dificultades para asumir el coste íntegro de un piso podrán adquirirlo en régimen de copropiedad con la Xunta.El IGVS aportará entre el 20 y el 40 por ciento del valor de la vivienda y los adjudicatarios podrán comprar más tarde la parte de propiedad que corresponda a la Administración pública.
| Precios más bajos. La Consellería de Infraestruturas ajusta los precios que podrán fijar los promotores cuando construyan viviendas de protección. El porcentaje del valor del suelo que podrán repercutir en el precio de la vivienda será del 20 por ciento, en el régimen general, cuando ahora podían elevarlo hasta el 25 por ciento. En el régimen especial, que es cuando los pisos se destinan a las rentas más bajas, este porcentaje se reduce del 20 al 15 por ciento, equiparándose así con los márgenes de las viviendas de promoción.
Los compradores podrán consultar el registro de promotores y averiguar la calidad de sus obras y si tienen demandas
- Invertir en una vivienda supone un desembolso importante para muchos gallegos que además tienen que depositar casi una confianza ciega en el promotor, sobre todo cuando se compra sobre plano. Son habituales las disputas posteriores porque el proyecto no se ajusta a lo prometido o por defectos de obra que acaban en muchos casos en los juzgados. Y durante la crisis, la quiebra de algunos de estos empresarios, e incluso la picaresca de otros, dejó a muchos compradores sin vivienda y endeudados.De ahí que la Xunta haya decidido crear un Rexistro de Promotores, al que obligatoriamente se tendrán que apuntar todos estos empresarios, y con el que se busca dar "mayores garantías y seguridad a las personas adquirientes y garantizar la transparencia en el mercado".Este registro, que será público, permitirá a los futuros compradores comprobar los medios materiales y personales con los que cuenta el promotor al que le van a comprar la vivienda. También constará en este censo la relación de obras ejecutadas en los últimos diez años, así como las sanciones y sentencias firmes que pesen sobre ellos en materia de vivienda libre o protegida, contratación inmobiliaria y actividad urbanística.El nuevo decreto que ultima la Consellería de Infraestruturas advierte que para poder desempeñar su actividad en Galicia será requisito imprescindible inscribirse en este registro.La creación de un nuevo registro público, de carácter obligatorio, podría afectar a la libre competencia del mercado, y por eso la Xunta consultó al Consello Galego da Competencia, quien advirtió que este tipo de censos deben "justificarse adecuadamente, ponderando que se trata de la opción que tenga menor incidente negativo sobre el funcionamiento del mercado".Este órgano terminó, sin embargo, por darle el visto bueno al analizar el contenido del decreto y concluir que esta norma "favorece la libre competencia y la unidad de mercado", puesto que es compatible con seguir inscrito en otros registros de ámbito autonómico, estatal y de la UE.
