Los presidentes de Galicia, Castilla y León y Asturias demandan al Gobierno de Rajoy que la futura revisión del modelo de financiación sea fruto de "un consenso multilateral" y que no se caiga en la tentación de utilizar el reparto de los recursos económicos para los próximos años para calmar los ánimos e intentar solucionar el problema catalán. "Dejar crecer la impresión de que la lealtad está penalizada y que la queja y el chantaje es un camino aceptable sería una enorme injusticia pero también un pésimo precedente", advierte el titular de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en un artículo que publica hoy este diario, y en el que hace balance de la cumbre del pasado lunes en Oviedo con sus homólogos asturiano y castellano-leonés.

La cita sirvió para exigir una financiación sin privilegios y servicios iguales para todos.

En la misma línea se pronuncia el presidente de Asturias, el socialista Javier Fernández, en otro artículo de opinion que también publica hoy este periódico. Explica que los tres se han aliado para reclamar un nuevo sistema de financiación, "resultado de un consenso multilateral", lo que supone también "advertir" de "forma rotunda y comprensible" "contra la tentación del vis a vis, de la búsqueda a la carta de las soluciones particulares, sean para Cataluña, Madrid o cualquier otra comunidad".

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Por su parte, Juan Vicente Herrera, titular de la Junta de Castilla y Léon, expone, en otro artículo en FARO, que "el nuevo modelo debe surgir del consenso multilateral, evitando por tanto cualquier tipo de negociación bilateral".

La nueva financiación autonómica está pendiente desde 2014, y el Gobierno de Rajoy había prometido que el acuerdo estará listo a finales de este año. Imposible. Las negociaciones podrían empezar a inicios de 2018, tras las elecciones catalanas. El PP pretende pactar con el PSOE el nuevo modelo, pues gobierna en siete comunidades. En 2009, el PP se abstuvo ante la propuesta socialista.

El Ejecutivo español impulsó una comisión de expertos, con 'sabios' propuestos por el Ministerio de Hacienda y por las autonomías, que presentaron una guía abierta de por donde debe ir la reforma, pero lo que falta es que se sienten los políticos a negociar, y las conversaciones pueden dilatarse, pues las posiciones son muy diferentes.

Galicia, Asturias y Castilla y León como tres comunidades con particularidades comunes (envejecimiento y dispersión de la población, ...) coinciden en sus intereses, y han hecho un esfuerzo por aparcar diferencias de partido (Feijóo y Herrera militan en el PP y Fernández, en el PSOE) y unirse para no salir mal paradas frente, por ejemplo, a las comunidades del Mediterráneo, como Cataluña y Valencia, que exigen ser compensadas, pues se sienten mal tratadas por el actual modelo, y nada quieren oir hablar de que al fijar la financiación de la sanidad o la educación se tengan en cuenta la dispersión de la población o su edad. A Madrid tampoco le interesa que estos criterios eleven su ponderación a la hora de repartir los fondos.

Igualdad

¿Y qué piden las autonomías del Noroeste? Que los ciudadanos, con independencia de donde vivan y al margen de las posibidades económicas de las comunidades en las que residan, tengan acceso a servicios de la misma calidad. ¿Qué supone esta demanda? Al fijar el coste de la sanidad, la educación, la dependencia y otros servicios sociales, hay que tener en cuenta que en Galicia, Castilla y León y Asturias hay más jubilados que en otras comunidades y que viven en núcleos de población dispersos, a los que además es más difícil llegar por su complicada orografía. Así que no se puede fijar la financiación básicamente en función del número de habitantes de una comunidad. Vicente Herrera lo explica así: "Educar a un niño en el medio rural tiene un coste al menos un 40% mayor que hacerlo a ese mismo niño en una de nuestras ciudades. El gasto sanitario de una pesona mayor de 75 años multiplica por 7 el de un adulto sano". Al respecto Feijóo apunta: "Galicia tiene la mitad de los núcleos de población de toda España y el 25% de la población es mayor de 65 años".

"Apelamos a a la igualdad esencial entre los ciudadanos de todo el Estado con independencia de que hayan tenido la fortuna de cara en su lugar de nacimiento o residencia", razona el presidente asturiano.

Galicia, Asturias y Castilla y Léon han pretendido evidenciar esta semana que "la colaboración" entre comunidades es posible, igual que la "lealtad y la solidaridad". Entre ellas, parece verdad. Será más difícil cuando se amplíe el círculo. La negociación de la reforma del modelo de financiación autonómica llega en un momento complicado: el Gobierno no tiene más recursos que antes para poner encima de la mesa y el problema catalán es una incertidumbre total. Las tensiones ya se dispararon con la propuesta del candidato del PSC, Miquel Iceta,para que haya una quita a la deuda de las comunidades, una propuesta que beneficiaría claramente a Cataluña, y la aprobación del nuevo Cupo Vasco, que supone un recorte de 250 menos que ahora al año en la aportación vasca a las finanzas estatales.