Impulsar "un sistema de gestión de emergencias por incendios forestales común" para Galicia, Asturias y Castilla y León para combatir "una de las principales amenazas" a las que se enfrenta el Noroeste español en los próximos años: "el incremento de riesgo de grandes incendios y su potencial afección a zonas habitadas", como consecuencia del cambio climático. Este fue uno de los acuerdos que en materia de lucha contra el fuego tomaron los presidentes de las tres autonomías del Noroeste español.
¿Qué significa tener un modelo de emergencias común? Que compartirán "recursos" y "en tiempo real" una de las tres comunidades podrá "movilizar" medios humanos y materiales de las otras dos autonomías, en caso de necesidad.
Galicia, Asturias y Castilla y León ya colaboran desde hace años, pero ahora consideran vital reforzar esta cooperación porque en 2015 y 2016 el 49% de los grandes incendios registrados en España, un total de 37, arrasaron monte en estas tres autonomías, exactamente el 34% de toda la superficie ardida por estos grandes incendios (24.431 hectáreas).
Los tres máximos responsables del Noroeste español advirtieron ayer en la declaración institucional sellada en Oviedo que uno de los mayores riesgos que debe afrontar esta parte de España son los incendios forestales, fuegos que solo en dos días de octubre en Galicia arrasaron más de 49.000 hectáreas y se cobraron la vida de 4 personas.
La elevada simultaneidad de incendios intencionados (264 fuegos en la comunidad gallega el fin de semana del 14 y 15 de octubre), en condiciones meteorológicas extremas y en zonas próximas a viviendas multiplican el riesgo que supone todo fuego.
"Prender en el monte no puede salir barato, y no podemos compadrear con los incendiarios", aseveró ayer Feijóo. Juan Vicente Herrera, ante el "gravísimo problema" de las tres autonomías, lamentó que un porcentaje "muy elevado" de estos fuegos se producen por la "mano deliberada del hombre". Javier Fernández abogó por redoblar los esfuerzos para "salvaguardar y prevenir" el potencial forestal.
Galicia, Asturias y Castilla y León se han propuesto:
| Intercambio de experiencias. Potenciar el intercambio de experiencias entre profesionales, en el ámbito de la gestión forestal, la extinción y la aplicación de los planes de protección, evaluando además anualmente el desarrollo y eficacia de estas acciones.
| Formación común. Que los profesionales de las tres comunidades tengan la misma formación en planificación, prevención e intervención de incendios forestales, lo que luego hará más fácil que puedan trabajar juntos.
| Campañas de sensibilización. Fomentar el respeto y la conservación del patrimonio natural con campañas conjuntas de divulgación, tanto a nivel educativo como para toda la sociedad.
| Implicar al Estado. Solicitar que el Consejo Nacional de Protección Civil, dependiente del Ministerio de Interior, aborde la proliferación y simultaneidad de los grandes incendios para mejorar así los instrumentos de cordinación con las comunidades para hacer frente a las emergencias. Y pedir al departamento de Isabel Tejerina que traslade a la UE "la excepcionalidad de los incendios forestales en el Noroeste peninsular y así profundice en el análisis del comportamiento, evolución, causas y tendencias de los incendios forestales en este ámbito territorial".
| Captar fondos europeos. Aliarse para buscar la complicidad de la UE ante el desafío que el fuego supone. Los tres gobiernos como miembros de la Macrorregión del Sudoeste europeo (Resoe) propondrán en su seno "trabajos interdisciplinares en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales, para avanzar desde la cooperación científica en la realización de proyectos y estrategias que puedan ser objeto de convocatorias europeas".
| Reformas legislativas. "Solicitar al Gobierno de España el desarrollo de nuevas herramientas jurídicas que faciliten las investigaciones por delito de incendio forestal". Fue otro de los acuerdos, sin ir más allá y no pedir, como ha defendido en múltiples ocasiones el presidente de la Xunta, el endurecimiento de las penas a los incendiarios. En su opinión, debe abordarse una nueva reforma del Código Penal para que el castigo por prender fuego tenga "una asimilación al de un atentado terrorista". Según argumenta, los incendiarios pueden poner en peligro "vidas humanas", sobre todo cuando prenden cerca de "aldeas con gente mayor".
| Jueces y fiscales. Colaborar en las actividades de formación y perfeccionamiento para jueces, magistrados y fiscales que aborden casos de incendios; trabajar conjuntamente para "erradicar la impunidad con la que actúan los incendiarios en las condiciones actuales" y agilizar la comunicación e intercambio de información y aportación de pruebas entre los distintos órganos e instituciones.
| Contra el minifundismo. Pedir al Gobierno de Rajoy medidas a favor de la gestión agrupada de las tierras, pues el minifundismo es uno de los principales obstáculos para la limpieza y buena gestión de los montes.
