Los litigios exprés para reclamar deudas entre empresas y particulares descienden a niveles previos a la crisis y muestran en Galicia cifras por debajo de las de 2008, aspecto vinculado a la mejora de la situación económica general, que reduce los impagos, y de la capacidad para hacer frente a un juicio ordinario y las cargas que supone. En el primer semestre del año, los procedimientos abreviados para cobrar deudas se situaron en Galicia en 14.086 -una media de 77 diarias-, casi 1.700 menos que hace nueve años.
Esta modalidad de reclamación en sede judicial, pero previa a un juicio, se denomina "monitorio" y está definida como un "procedimiento especial previsto para reclamar deudas ", según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El acreedor presenta un escrito reclamando una deuda sobre un tercero añadiendo la documentación necesaria y sin necesidad de procurador o abogado, lo que evita afrontar la minuta de estos. "Si el deudor no comparece o no se opone, se despacha ejecución", contempla la ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, el juzgado de primera instancia ordena un embargo o la ejecución de una hipoteca para hacer frente a la carga. En caso de que el deudor alegue, el caso deriva hacia un juicio, con los consiguientes costes añadidos.
Se trata, por tanto, de conflictos derivados de la reclamación de trabajos o facturas impagados entre particulares, empresas e incluso comunidades de propietarios, siempre que el plazo de pago de la deuda haya vencido y esta "conste en algún tipo de documento", según el CGPJ. Quedan excluidas las reclamaciones en el ámbito de la Seguridad Social.
Desde el ejercicio 2008, estos conflictos económicos habían superado siempre la barrera de los 30.000 expedientes, tras los 24.799 alcanzados en 2007. La mejora económica general, con la riqueza gallega creciendo un 3,2% en 2015 y un 3,4% el año pasado, rompió ese esquema a finales del año pasado y ha vuelto a hacerlo en la primera mitad del curso actual.
Los juzgados de la comunidad concluyeron el año pasado con 29.631 monitorios y entre enero y julio de este año la cifra llegó a 14.086, la más baja en el mismo periodo de la década. El descenso durante el primer semestre rozó el 8% y se ajusta a un comportamiento generalizado, pues en todas las comunidades se redujeron estas cifras salvo en Cataluña, donde repuntaron un 20% hasta los 39.137 en un período previo a la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre y posterior aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno para destituir al presidente de la Generalitat y su equipo en respuesta a la declaración de independencia.
En total, la disminución acumulada por todas las comunidades de los monitorios es del 8,7% durante el primer semestre, lo que se traduce en 25.004 litigios menos que en el mismo periodo del año pasado. El número total fue de 260.536, de acuerdo con las últimas estadísticas disponibles del Consejo General del Poder Judicial.
Provincias
Los juzgados de primera instancia e instrucción de Pontevedra son los que mayor descenso de este tipo de conflictos presentan durante el primer semestre del año, acumulando una caída del 11,1% hasta los 5.292 monitorios. En A Coruña la disminución es del 8,5% hasta los 5.485 y en Lugo del 3% hasta los 1.678.
Ourense, según los datos del CGPJ, es la única provincia que registra un aumento de los mismos, con una subida del 3,2% y 1.631 casos.
El año pasado, sin embargo, la reducción de expedientes fue generalizada en toda la comunidad, con porcentajes de caída del 20,7% en A Coruña, del 14,5% en Lugo, del 11,8% en Pontevedra y del 10,6% en Ourense, según el CGPJ.
