El Congreso aprobó ayer una moción pactada por el PSOE y Unidos Podemos que insta al Gobierno a reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que los ayuntamientos con las cuentas saneadas puedan reinvertir todo su superávit. Se trata de una demanda impulsada desde la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) que, a través de su presidente Abel Caballero, lleva meses defendiendo el derecho de las corporaciones locales a destinar estos fondos a políticas sociales, de empleo y programas de igualdad y juventud.

Los ayuntamientos españoles tuvieron un superávit de 7.000 millones de euros el pasado año. En el caso de los concellos gallegos esta cifra se elevó a 127 millones.

Tal y como ha denunciado el presidente de la FEMP, los ayuntamientos son la única administración "que cumple los parámetros financieros fijados y se ha apretado el cinturón más que nadie". Sin embargo, están sujetos a la regla de gasto y solo pueden gastar una parte de su superávit y condicionado siempre a los criterios que fija el Gobierno: así, primero deben pagar las facturas, después amortizar deuda y, por último, destinar el dinero a inversiones financieramente sostenibles que contribuyan al crecimiento económico a largo plazo de modo que no incurra en déficit.

La reclamación de la FEMP es que no se limite su "autonomía" y que puedan reinvertir el superávit en políticas sociales y de empleo.

El PSOE llevó esta propuesta al Congreso y salió adelante pese al rechazo del PP y de Ciudadanos, que defendieron la contención del gasto. El PNV optó por la abstención.

La moción pide que se eliminen las restriciones al uso del superávit en aquellos ayuntamientos con más ingresos que gastos o con equilibrio presupuestario, que tengan un nivel de deuda inferior al 110% de los recursos corrientes y mantengan un plazo medio de pago a proveedores inferior a los 30 días. El texto también pide que se supriman los límites a las operaciones de endeudamiento de estas entidades y que la tasa de reposición de los efectivos locales pueda ser del 150% en servicios prioritarios.

Abel Caballero reclamó al Gobierno "que haga caso del Parlamento" y aplique la moción aprobada ayer. "Llevamos meses y meses reclamándolo, que se nos deje ejercer nuestra autonomía", señaló el presidente de la FEMP, que dio las gracias a los grupos políticos que apoyaron su demanda.

Aunque las mociones no son vinculantes para el Gobierno, Unidos Podemos ha tramitado esa misma moción en forma de proposición no de ley. El Gobierno no consiguió vetarla por llegar tarde al registro, de manera que se debatirá también en el pleno y su aprobación sí sería vinculante para el Ejecutivo de Rajoy.