El Tribunal Constitucional decidirá si el veto del Gobierno y la Mesa del Congreso a debatir la transferencia a Galicia de la titularidad de la Autopista do Atlántico (AP-9) respeta la Carta Magna. El BNG presentará el lunes un recurso de amparo ante un "abuso" por parte de PP a través de las instituciones. Aun así, acudirá con "cautelas" ante lo que entiende un tribunal, insinuó, favorable al Ejecutivo central.
La portavoz nacionalista, Ana Pontón, anunció hoy esta medida tras los dos bloqueos a debatir una petición unánime de la Cámara gallega, lo que consideró un "atropello" que daña la "dignidad" de esta. Responsabilizó a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, y a Ana Pastor, presidenta del Congreso, pero también al titular de la Xunta y compañero de partido de ambos, Alberto Núñez Feijóo, por aceptar el bloqueo. "Se pliega a la primera de cambio", le afeó.
La demanda de la titularidad de la principal vía de comunicación de Galicia fue unánime en la Cámara, pero se topó con dos rechazos por parte del Gobierno. En julio, alegó que el traspaso le costaría entre 554 y 4.570 millones de euros por los compromisos adquiridos con la concesionaria para vetar la tramitación de la iniciativa autonómica.
Utilizó una facultad legal de bloqueo en casos de medidas que incrementasen el gasto público para sortear su falta de mayoría absoluta.
Los partidos gallegos reformularon su petición para obviar cualquier opción de rescate de la concesión, extendida al máximo legal por el Gobierno del popular José María Aznar, pero de nuevo fue vetada gracias a los votos de PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, alegó que transferir la vía "daría lugar a una batería de transferencias y a cierto desmantelamiento de las infraestructuras el Estado" por un proceso de imitación, a pesar de que Cataluña y País Vasco cuentan con vías similares.
A cambio, la Xunta fue admitida en la comisión de gestión de la vía y logró que Fomento asumiese en solitario la bonificación de peajes en Rande (Vigo) y A Barcala (A Coruña) que le costaban alrededor de seis millones al año a la comunidad en virtud de un acuerdo del bipartito. Feijóo celebró el logro.
Pontón expuso ayer la necesidad de obtener la titularidad de la vía para "acabar con los abusos" de la concesionaria, en alusión a la subida de peajes, la última vinculada a las obras de ampliación de Rande.
"Lo peor que podríamos hacer como país es achantar ante un abuso que tiene dos responsables directos: Ana Pastor y Mariano Rajoy", expuso la nacionalista, que calificó de "cómplice necesario" a Feijóo. "Sin él no se atreverían a ir tan lejos", añadió.
