Galicia cuenta con 1.067.000 propietarios de fincas rústicas, y "en su inmensa mayoría", sostiene el Foro Económico de Galicia, están "totalmente desvinculados del cuidado y aprovechamiento de las tierras". Para los expertos de esta plataforma, la Galicia rural del siglo XXI requiere de forma "ineludible una reforma agraria" que impulse "la movilización productiva de sus superficies".
En esa línea, y según un informe presentado ayer por la entidad en Santiago en el que ponen sobre la mesa una "estrategia" para el futuro del campo gallego, sostienen que el "principio general" que debe estar tras esa reforma es "la necesidad" de "un nuevo equilibrio entre los derechos de propiedad y el uso de las tierras". Eso implica "priorizar" el "adecuado aprovechamiento de las superficies frente a los derechos de propiedad".
Así consta en el documento "Unha estratexia para a Galicia rural do século XXI. Diagnóstico e propostas para o debate" que presentó uno de sus autores, Edelmiro López Iglesias, profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago, junto al director del Foro, Santiago Lago, y al empresario José González ,de Casal de Armán, quien también abogó por un "entendimiento" entre los dueños de los predios y "aquellos que quieran usar esas tierras" y celebró el texto del Foro como "esperanzador". El cómo hacerlo es otra cuestión. Para López, que recordó que para "la mayor parte" de los propietarios las tierras "son un dolor de cabeza", se trata de valorar una perspectiva que se puso sobre la mesa en octubre con los incendios.
Nuevo modelo de gobierno
A la par que una "reforma agraria", toca, añaden, "un nuevo modelo de gobierno y gestión" que supone, señalan los autores del documento, "una reforma en profundidad del actual mapa y/o fusión de los concellos". El optar por la fusión o por obligar a mancomunar servicios para poder acceder a financiación del Ejecutivo autonómico o central sería "secundario", apunta López. Lo que cuenta es el "principio básico" de que la organización de los servicios, el diseño de las infraestructuras y la localización de las actividades económicas debe hacerse desde una perspectiva "supramunicipal".
De forma complementaria abogan por reforzar las cabeceras comarcales y municipales, junto a una red de transporte público que facilite la movilidad de la población. Porque se trata de concentrar los servicios, si no se prestan a domicilio, que es otra opción posible.
En todo caso, si se quiere que el "nuevo" rural perviva, que sea "viable", el documento defiende que debe cumplir dos "requisitos". Por un lado, "ofrecer a la población rural unas oportunidades laborales, unos niveles de renta y un acceso a los servicios equiparables a los de las áreas urbanas; en suma, una igualdad de oportunidades". Por otro, en aras de su viabilidad económica, debe ser capaz de responder a las demandas "actuales" de la sociedad. Así, además de su función tradicional (como suministrador de alimentos...), se añade la producción de otros bienes y servicios (artesanía, renovables, turismo...), las funciones ambientales y las sociales y territoriales.
