El impuesto de plusvalía ha recibido un nuevo varapalo de la justicia. A principios de este año el Tribunal Constitucional sentenció que no se podía cobrar este tributo en las ventas a pérdidas. Ahora, varias sentencias tumban también la fórmula que han empleado los ayuntamientos para el cobro de este gravamen. No afecta únicamente a los contribuyentes a los que se les cobró la plusvalía pese a no haber obtenido ganancia, sino a todos los casos. Los tribunales advierten que el cálculo que estaban haciendo los municipios para fijar el incremento en el valor del inmueble es erróneo y, por lo tanto abre la puerta a futuras reclamaciones. En Galicia se estima que lo cobrado de forma indebida puede ascender a 44 millones de euros, según las cifras del portal reclamador.es.
A los concellos gallegos se les abre, por lo tanto, un nuevo frente judicial que puede golpear sus arcas públicas. Si se calculaba que debían devolver 82 millones de euros por haber cobrado el impuesto de plusvalía en ventas a pérdidas, ahora se suman otros 44 millones más por haber aplicado un cálculo equivocado.
El impuesto de plusvalía es un tributo de carácter municipal que se aplica cuando se vende, hereda o dona un inmueble y que precisamente está siendo revisado por el Ministerio de Hacienda para acomodarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a que no se graven las transmisiones a pérdidas (cuando el inmueble se vende por debajo del precio por el que fue adquirido en su momento).
Pero los tribunales también están dando la razón a los contribuyentes que han mostrado su disconformidad con la cuantía que deben pagar por este impuesto. Juzgados de Valencia, Madrid, Albacete y Cuenca han determinado que las corporaciones locales están haciendo mal el cobro y la puntilla la ha puesto el Tribunal Supremo el pasado mes de junio al desestimar el recurso del Ayuntamiento de Cuenca.
El error radica en la fórmula que vienen aplicando los ayuntamientos. Según establece la ley, la base imponible del impuesto de plusvalía municipal debe determinarse a partir del valor del bien sobre el que se aplica un coeficiente multiplicador, fijado en las ordenanzas locales, para estimar el incremento de precio registrado durante los años que ha estado en manos de su último propietario.
Sin embargo, los ayuntamientos se limitan a multiplicar esta variable por el último valor catastral disponible, lo que arroja un cálculo sobre el incremento de valor que tendrá el bien en el futuro, no una estimación de lo que se ha revalorizado durante su tenencia. Es decir, si un vecino adquirió una vivienda en 2007 y la vende ahora, los ayuntamientos estaban realizando el cálculo de la plusvalía sobre el valor catastral de 2017 cuando en realidad lo correcto sería utilizar la referencia de 2007.
"El Ayuntamiento está gravando un incremento del valor futuro desde el momento presente, en lugar de un incremento del valor actual desde el momento de la previa adquisición", reza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia para respaldar la reclamación contra el municipio valenciano de Paterna.
Esto supone que los contribuyentes estaban pagando de media un 37,5 por ciento más, dependiendo de las características del inmueble y los años de tenencia del mismo.
El error de cálculo afecta a todos los contribuyentes, pero solo podrán reclamar aquellos que hayan autoliquidado el impuesto en los últimos cuatro años, pues antes habrá prescrito.
Según los cálculos de reclamador.es (una compañía online de servicios legales), en Galicia en estos últimos cuatro años se han transmitido unas 221.243 fincas urbanas que estarían afectadas por estos cálculos erróneos en el pago del impuesto.
En A Coruña las transmisiones registradas en los últimos cuatro años se elevaron a 96.698, en Pontevedra superan las 70.700, mientras que en Lugo se reducen a 31.300 y en Ourense a 22.423.
