La Audiencia Provincial de Ourense dictó ayer un auto en el que decreta la puesta en libertad, previo pago de una fianza de 2.500 euros, de Miguel Ángel M.N., el vecino de Vigo que lleva más de un mes en prisión provisional por un incendio forestal presuntamente provocado por una imprudencia y que quemó una hectárea de terreno en la localidad ourensana de Os Blancos, concretamente en una finca familiar. Los magistrados adoptaron la decisión horas después de celebrarse la vista para examinar el recurso de apelación presentada por el abogado defensor del investigado. La previsión inicial es que hoy mismo abandone el centro penitenciario una vez haga efectiva la cuantía económica que se le ha requerido.

El fuego se registró el domingo 15 de octubre en Ourense, el mismo día en que se produjo la oleada de incendios que calcinaron casi 50.000 hectáreas en Galicia. El hecho que se atribuyó a este vecino de Vigo fue un fuego de aproximadamente una hectárea de terreno en una finca en la zona de Barracudas. Tras su detención y su pase a disposición judicial, el 19 de octubre la titular del Juzgado de Instrucción de Xinzo de Limia decretaba su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza al atribuirle la supuesta autoría de un delito de incendio forestal de "especial gravedad" en relación a los artículos 352 y 353 del Código Penal.

Ahora, la Audiencia ourensana decreta su puesta en libertad provisional, condicionado al pago de una fianza y con la medida cautelar, una vez se produzca la excarcelación, de que se presente cada 15 días en los juzgados. Los magistrados, en el auto dictado ayer, estiman que no existe riesgo de fuga, dado que el investigado tiene arraigo familiar; que no hay elementos que indiquen que puede producirse una reiteración delictiva y que tampoco existe peligro de que pueda influir en la instrucción en marcha, dado que muchas de las pruebas ya se practicaron. El mismo día de su pase a disposición judicial este hombre dijo, a preguntas de los periodistas, que perdió el control de unas llamas que había encendido para "calentar un chorizo" en una finca familiar.

Natural de Rairiz de Veiga, el investigado es funcionario en un juzgado de Instrucción de Vigo. La Junta de Personal de Administración de Justicia de Pontevedra salió en su defensa tras su ingreso en prisión y pidió que no fuese señalado "como cabeza de turco para desviar la visión de las graves fallos del Gobierno gallego por una nefasta política contra los incendios y de protección de nuestros montes". El movimiento ecologista también se solidarizó con él: "Es un chivo expiatorio".