Galicia contará a partir de enero con una ley que blindará el pago del 50% del recibo de la luz a las familias con pocos recursos y en riesgo de exclusión social, ayuda que podrá compaginarse con el bono social estatal, que aporta descuentos de entre el 25% y el 40%. El primer día de 2018 entrará en vigor la reelaboración que el PP ha realizado de la iniciativa legislativa popular que pretendía acabar con la pobreza energética, tramitada en mayo de 2015. Su intento de frenar automáticamente los cortes de luz y gas ha sido eliminada en el nuevo texto, que excluye de las ayudas esa última fuente de energía y deja abierta la opción de que la Xunta evite ese extremo en situaciones excepcionales.

La Xunta creó en 2014 el tique eléctrico para ayudar a las familias con dificultades económicas a pagar el recibo de la luz tras las denuncias sociales sobre una nueva consecuencia de la crisis: la pobreza energética, es decir, la imposibilidad de mantener el hogar con una temperatura adecuada debido a la falta de dinero. Estas subvenciones fueron complementadas con otra aportación para evitar el corte del suministro de luz y gas tiempo después. Durante el primer semestre de este año cobraron el primero -entre 90 y 150 euros- 1.947 personas y el segundo -un máximo de 200 euros- 3.164.

Pero esas ayudas ya no quedarán al albur de la administración, sino que ahora se establece una obligación legal de pagar la mitad del recibo de la luz a las familias que no ingresen más de 11.278 euros al año, cantidad que sube en función de la presencia de menores a 15.038, en el caso de uno, o de 18.797, en el de dos. Al cierre de 2015, casi uno de cada cuatro hogares gallegos no llegaba a los 1.000 euros mensuales, según el Instituto Galego de Estatística, que cifraba en 489.680 las familias que no podían mantener su hogar a una temperatura adecuada por falta de dinero.

La nueva legislación será sometida a votación en el pleno autonómico del 4 de diciembre, dos años y siete meses después de que la ILP fuese registrada -este tipo de iniciativas son las únicas que no decaen al celebrarse elecciones autonómicas, como sucedió en 2016-. La mayoría absoluta del PP garantiza su aprobación, al igual que le permitió reelaborar casi por completo el texto original, borrando el término pobreza energética del mismo.

La ILP pretendía garantizar el pago del 100% de la luz y el gas de los hogares que tuviesen que destinar a estos gastos más del 10% de sus ingresos. Ese sistema ha sido sustituido por el PP por el modelo establecido por el Gobierno central y su bono social.

Podrán recibir la ayuda de la Xunta los hogares considerados "consumidores vulnerables", es decir, que cobren menos de 1,5 veces el iprem (indicador público de renta de efectos múltiples): 11.278 euros anuales, según la cifra de este año, cantidad que se eleva en función de la presencia de menores. Además, deberán cumplir otro requisito: que la Xunta determine que se encuentran en "riesgo de exclusión social". Si se ajustan a esos requisitos, podrán lograr un descuento del 25% a través del bono social estatal y un 50% de la Xunta.

La ayuda estatal sube al 40% en casos de consumidores "vulnerables severos", categoría en que se sitúan quienes no alcancen la mitad de los ingresos establecidos en la categoría previa: 5.639 euros anuales de una familia sin menores y 7.519 en caso de que resida uno en el hogar. Estos estarán protegidos ante el corte del suministro por la legislación estatal siempre que reciban ayudas de la Xunta y sean atendidos por los servicios sociales.

La nueva ley gallega de "medidas de la eficiencia energética y la garantía de accesibilidad a la energía eléctrica" no garantiza la protección ante el corte del suministro para los "consumidores vulnerables". Se fija como meta "conseguir" que las eléctricas no les apliquen esa medida a los "vulnerables severos".

Lo que sí establece es la obligación de las comercializadoras eléctrica de informar de los suministros que van a cortar por impago para que la administración compruebe si esas familias tienen derecho a la ayuda para cubrir la mitad de su recibo y no la están cobrando o si existen "alguna circunstancia de naturaleza excepcional que justifique la intervención inmediata de los servicios sociales de la Xunta con el objeto de paralizar el procedimiento de suspensión del suministro".