Quince años después de la marea negra del "Prestige", la Audiencia de A Coruña ha abierto la puerta a una nueva batalla judicial. Será en Reino Unido, donde España y Francia deberán lidiar con la armadora para cobrar la factura por los daños patrimoniales, medioambientales y morales. Más de 1.600 millones de euros es la cantidad fijada por el tribunal coruñés en el auto de ejecución de sentencia dictado ayer y contra el que cabe recurso en el Tribunal Supremo: 1.573 millones de indemnización para el Estado español, 61 millones para Francia y 1,8 para la Xunta por los gastos de reciclaje del chapapote. El proceso judicial que se abra en los próximos meses en Londres se augura lento y complejo, ya que las administraciones tan solo podrán percibir de la aseguradora del viejo monocasco, The London Steamship Owners Mutual Insurance Association, un máximo de mil millones de dólares (unos 845 millones de euros) de la póliza suscrita por la armadora. En Reino Unido, donde la aseguradora tiene su sede, se deberá determinar si prevalece el dictamen penal del Supremo o el civil de los tribunales británicos.

Hace solo dos años, España y Francia perdieron la batalla judicial en Gran Bretaña por la que pretendían que el pleito por el dinero de la póliza suscrita fuese en sus respectivas jurisdicciones en lugar de estar sujeto a los tribunales de arbitraje británicos.

En el auto de ejecución de sentencia, los magistrados Juan Luis Pía, Salvador Sanz y Dolores Fernández cifran las pérdidas del Estado español en 1.573,6 millones, una cantidad que incluye las indemnizaciones ya adelantadas a unos 20.000 afectados. A Francia le reconocen 61,2 millones y a la Xunta 1,8 millones por reciclar unas 10.000 toneladas de residuos del vertido que quedan por tratar en Sogarisa. En el escrito, de más de 70 páginas, también se recogen cantidades de menor entidad para los afectados que no suscribieron un convenio de adelanto de las compensaciones con la Administración, otros colectivos y concellos.

La factura de la marea negra emitida por la Audiencia se queda por debajo de los más de 4.328 millones reclamados por la Fiscalía en el juicio, que concluyó tras casi diez años de instrucción con el capitán, Apostolos Mangouras, como único condenado.

¿Quiénes deberán hacer frente al pago de las indemnizaciones? En la resolución de la Audiencia de A Coruña se determinan las sumas que definitivamente procede abonar a los perjudicados y que deben ser pagadas por las partes condenadas: el capitán del petrolero y la aseguradora "por lo menos hasta el límite de un billón de dólares estadounidenses". Subsidiariamente, también condena a hacer frente al pago a la propietaria del buque, Mare Shipping", mientras que el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac) está obligado a indemnizar hasta los límites fijados en el convenio aplicable. Sin embargo, este organismo ya adelantó la mayoría de las indemnizaciones.

La notificación del auto llega un año y diez meses tras el fallo del Supremo que modificó parcialmente el de la Audiencia de A Coruña en 2013. El Alto Tribunal abrió entonces la puerta a la vía de la responsabilidad civil al condenar al capitán del "Prestige" a 2 años de prisión por un delito medioambiental, frente a los 9 meses que le impuso la Audiencia por desobediencia.

En el auto de ejecución de sentencia de ayer, los magistrados fijan el daño patrimonial causado al Estado en 931 millones, a la que suman un 30% por daño medioambiental -279 millones de euros- y otros 363 millones por daños morales. Estos últimos, apunta la Audiencia, son "obvios, extensos y profundos" y lo son por el sentimiento de "temor, ira y frustración" que afectó a gran parte de los ciudadanos españoles y franceses y por la "huella indeleble" de la percepción referida a que catástrofes de esta o más amplia magnitud pueden afectar en cualquier momento a los mismos perjudicados".

La aseguradora depositó antes del juicio 22,7 millones de euros para afrontar los daños en caso de sentencia condenatoria. Esta cantidad, según el auto, se distribuirá entre los perjudicados a prorrata de las cantidades fijadas en la resolución.