Facenda reclama por segunda vez a 28 concellos información sobre los planes de ajuste con los que cuadrar sus balances y no arriesgarse a una intervención de sus cuentas como la sufrida por Madrid si informa al Gobierno central de que no se someten a las reglas establecidas. En esa lista, se encuentran también la Diputación de Ourense, las mancomunidades de Baixo Miño y Comarca de Ferrol y las entidades locales menores pontevedresas de Bembrive, Queimadelos y Arcos da Condesa. Ponte Caldelas, Ribadumia, Dozón y Caldas de Reis son los únicos municipios pontevedreses citados por la Xunta y Lugo, la única ciudad. En caso de no ajustarse a las reglas contables fijadas por el Gobierno, el Ministerio de Hacienda puede imponer ajustes e incluso, en último término, intervenir sus cuentas.
Esta relación figura en el balance del tercer trimestre del año que Facenda realiza acerca de la tutela financiera que ejerce sobre los concellos, en virtud de la Constitución y el Estatuto y que debe revelar desde 2014.
La vigilancia varió en 2012, cuando entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tras el pacto de PP y PSOE para reformar el famoso artículo 135 de la Carta Magna y primar el pago de la deuda de las administraciones, sin distinguir entre aquellas con mejor salud -los municipios y diputaciones acumulan superávit durante los últimos cinco años- y aquellas con problemas. Esa norma, aprobada en el momento crítico de la prima de riesgo, obligaba a las corporaciones locales a aprobar un plan económico-financiero de ajuste si incumplían los objetivos de estabilidad -superar el máximo de déficit, que para la administración local es del 0% para este año-, y deuda pública o la regla de gasto -ajustar el desembolso a las previsiones de crecimiento a medio plazo-, según Hacienda.
Quienes se saltan ese marco deben enviar un informe a la Consellería de Facenda, concretamente a la Dirección Xeral de Política Financiera, Tesouro e Fondos Europeos, que reclama los datos en caso de que no le lleguen. De no hacerlo informa a Hacienda, que el año pasado incluyó a 21 municipios gallegos en su lista negra contable y les exigió recortes de gasto -los únicos de Pontevedra eran Agolada y Baiona-.
El contenido de los planes económico-financieros debe incluir las causa del incumplimiento de las normas contables, las previsiones de ingresos y gastos "bajo el supuesto de que no se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos", la relación de medidas para cuadrar el balance -aunque este esté ya saneado- y el calendario de aplicación, las previsiones económicas y presupuestarias y otras posibles medidas en caso de situaciones de déficit excesivo, según detalla el Ministerio de Hacienda.
En caso de incumplimiento de las órdenes del Gobierno central, un municipio o una comunidad autónoma se arriesga a una intervención. Es lo que ha sucedido con Madrid, a pesar de que su superávit es de 1.000 millones de euros y ha reducido en otros 2.000 su deuda en dos años. Sin embargo, Montoro cree que su gasto es excesivo en 281 millones entre este año y el próximo, a pesar de los tres planes de ajuste aplicados. Hacienda incluso llamó la atención a la Xunta por un gasto demasiado elevado el año pasado, aunque la evolución de la economía le permitió evitar recortes.
En el tercer trimestre, Facenda reclamó la "segunda solicitud" de los planes de ajuste -bien por falta del documento, bien por nuevas medidas- a Ponte Caldelas, Ridabumia, Dozón y Caldas, además de la Mancomunidade Baixo Miño y las citadas tres entidades locales menores, en lo relativo a la provincia de Pontevedra. De Ourense, cita a Amoeiro, Bande, Porqueira, Maceda, Calvos de Randín, Beariz, Avión, A Mezquita, Maside, Barbadás, Lobeira y Manzaneda, así como a la diputación. Por Lugo señala a Lugo, Monforte de Lemos, Sober, Baleira, Carballedo y Foz. De A Coruña constan Teo, Mugardos, Dumbría, Lousame, Muxía y Padrón, además de la Mancomunidade de concellos da Comarca de Ferrol. También reclama datos, aunque no por segunda vez, a Melón y Narón.
No se queda en esa petición Facenda, que también reclama las "medidas a adoptar para el saneamiento del remanente de tesorería negativo" a otros 22 ayuntamientos cuyas cuentas presentan más gastos que ingresos y deben acometer medidas para nivelar el balance. Se trata de Meis, Ponteareas, Vilanova de Arousa, Bueu, Arbo y Salceda de Caselas, en Pontevedra; As Nogais, en Lugo; Os Blancos, A Bola, Castrelo de Miño, Lobeira, Manzaneda, Piñor, Porqueira, A Rúa, Rairiz de Veiga y Melón, en Ourense; y Padrón, Cerceda, Carral, Muros y Vilasantar, en A Coruña. Incluye también la Mancomunidade de Concellos do Morrazo y la de la Comarca de Ourense.
También exige por segunda vez la liquidación de las cuentas de 2016 a 27 concellos, incluido Santiago, dos mancomunidades y una entidad menor y los presupuestos de este ejercicio a otros 4 municipios, 3 mancomunidades y 2 entidades locales. En este apartado están citados Santiago y Ourense (con el presupuesto prorrogado desde 2014).
