15 de noviembre de 2017
15.11.2017

La Audiencia fija una indemnización de más de 1.500 millones para el Estado por los daños del 'Prestige'

La Sala acuerda el pago de 1,8 millones a la Xunta por los gastos de reciclaje del fuel

15.11.2017 | 15:53
El buque Prestige, en el momento del naufragio. //EFE
La Audiencia fija una indemnización de más de 1.500 millones para el Estado por los daños del 'Prestige'

Quince años después de la marea negra del Prestige, la Audiencia de A Coruña ha fijado la factura de la catástrofe medioambiental para reclamar los daños a la aseguradora del viejo petrolero. Una cuantía que se queda muy por encima de los mil millones de dólares de la póliza suscrita por la armadora.

En el auto de ejecución de sentencia que acaba de dar a conocer el TSXG, el tribunal coruñés fija una indemnización de 1.573 millones de euros para el Estado por los daños patrimoniales, medioambientales y morales del Prestige. La resolución también establece un pago de 61 millones a Francia y acuerda el abono de 1,8 millones a la Xunta por los gastos de reciclaje del fuel.

La resolución de la Audiencia de A Coruña abre ahora una batalla judicial con la aseguradora, que solo aportaría millones de dólares frente a los 4.300 que cuantificó la Fiscalía General del Estado.

En la resolución se determinan las sumas que definitivamente procede abonar a los perjudicados, cantidades que han de ser pagadas por las partes condenadas, esto es, directamente Apostolos Ioannis Mangouras (capitán del barco) y la compañía aseguradora The London Steamship Owners Mutual Insurance Association, por lo menos hasta el límite de un billón de dólares estadounidenses.

Subsidiariamente, se condena a hacer frente al pago de estas cantidades a la entidad Mare Shipping INC (propietaria del buque), mientras que el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) está obligado a indemnizar hasta los límites expresamente establecidos en el convenio aplicable.

De esta forma, la Sala entiende que corresponde al Estado español la cantidad de 1.573 millones de euros, a la Xunta de Galicia 1,8 millones y a Francia 61 millones de euros, además de las sumas que se fijan para otras entidades, ayuntamientos y particulares.

En relación a la cantidad fijada para el Estado, la Sala entiende que el daño patrimonial acreditado es de 931 millones de euros, cantidad a la que suma un 30% por daño medioambiental, es decir, 279 millones de euros. Los magistrados entienden que a esta cifra hay que añadirle otro 30% por daño moral indemnizable, es decir, 363 millones de euros, lo que arroja un total de 1.573 millones.


Daños morales


Indica el auto que "los daños morales causados son obvios, extensos y profundos, no solo por el sentimiento de temor, ira y frustración que afectó a gran parte de los ciudadanos españoles y franceses, sino también por la huella indeleble de la percepción referida a que catástrofes de esta o más amplia magnitud pueden afectar en cualquier momento a los mismos perjudicados".


Consorcio de Seguros


En la sentencia dictada por el Tribunal Supremo ya se reconocía como cantidad acreditada indemnizable la de 513 millones de euros, pero los magistrados de la Audiencia Provincial afirman que "existen demostraciones técnicas que avalan la necesidad de aumentar la indemnización por encima de lo certificado, como se infiere de los informes del Consorcio de Seguros, aceptados por su origen oficial e imparcial, sin que sean los más favorables al Estado".

En relación a los 1,8 millones que se adjudican a la Xunta, se refieren exclusivamente al coste del reciclable de elementos contaminantes depositados en la Sociedade Galega de Refugallos Industriais (Sogarisa), "ya que la Xunta suscribió un acuerdo con el Estado en el que renunciaba a toda indemnización al considerarse íntegramente resarcida por los daños ocasiones por el accidente del buque Prestige". En concreto, se refiere el auto a un acuerdo transaccional de julio de 2005 por el importe anteriormente mencionado de 513 millones.


Los magistrados han decidido, con respecto a la suma de 22,7 millones de euros depositada por la entidad aseguradora The London Steamship Owners (The London P&I Club), que ha de procederse a su distribución entre los perjudicados a prorrata de las cantidades fijadas en la resolución. En cuanto a los intereses, solo se exigirán desde la firmeza del auto notificado hoy. Frente a esta resolución cabe interponer recurso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

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