Más de ocho años después del estallido de la burbuja inmobiliaria, el sector de la construcción en Galicia apenas saca sus excavadoras y palas para la ejecución de proyectos en la comunidad. La crisis del ladrillo, que obligó a más de 6.000 constructoras a echar el cierre y engulló a casi la mitad de su plantilla, todavía hoy les pasa factura, tal como reflejan los datos de licitación de obra pública de la Federación Gallega de la Construcción: el desplome supera el 50% respecto al año pasado y supone el peor balance para la comunidad desde que hay registros (376,8 millones de licitación entre enero y septiembre). Este tijeretazo de las administraciones ha obligado a cada vez más compañías a hacer las maletas. Si en época de bonanza, tan solo una de cada veinte optaban a concursos en otras autonomías o en el extranjero, en la actualidad, según apuntan desde el sector, ya son más del 40%.
En Galicia se tardó uno o dos años más en notar los efectos de la crisis, pero ahora en la recuperación se tardará tres o cuatro más que el resto de comunidades. "No hay mucha obra pública aquí y tampoco privada, ante este panorama a las empresas no les ha quedado otra que buscar proyectos fuera de Galicia", lamenta Eligio Nieto, expresidente de la Federación Gallega de la Construcción y responsable de la patronal en Ourense.
Los datos hablan por sí solos. La licitación de obra pública en la comunidad registra mínimos históricos -es casi un 80% menos del volumen de negocio logrado por las constructoras gallegas el año pasado en contratos en el extranjero- y la construcción de viviendas es 46 veces inferior a hace una década.
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Tras un 2016 en el que las administraciones volvieron a abrir el grifo de las inversiones, las licitaciones en Galicia han tocado fondo: apenas 377 millones de euros en proyectos sacados a concurso entre enero y septiembre frente a los casi 816 millones del mismo periodo del año pasado. Detrás de este desplome está el recorte del Gobierno central. Hasta un 82% redujo sus inversiones en Galicia en los primeros nueve meses de 2017, al pasar de los más de 480 millones del ejercicio pasado a apenas 86,5. La mayor caída procede del Ministerio de Fomento (-97%, que pasó de una inversión de más de 288 millones a tan solo 7,8) y de Adif (con un recorte del 94%, al reducir de 24,3 millones las partidas de obra pública en Galicia a 1,4).
En el caso de la Xunta, la inyección de fondos a obra pública entre enero y septiembre se redujo un 20,44% (de 148 millones a 117,8) y el recorte de los ayuntamientos superó el 15% (casi 109 millones frente a 128,9). Las diputaciones fueron la única administración que aumentó las licitaciones (+23%) hasta los 43,4 millones.
Este año vuelve a ser la administración autonómica la que reserva más partidas a obra pública frente al primer puesto ocupado durante los últimos años por el Estado debido a las obras del AVE. Las licitaciones de la Xunta suponen el 31% de la tarta, seguidas de las sacadas a concurso por los concellos (casi un 29%). Las obras del Gobierno central apenas supone el 23%, mientras que las licitaciones de las diputaciones representan el 11,5% y las de las universidades, un 5%.
Pontevedra es la excepción en el mapa de licitación de obra pública en Galicia, ya que es la única que experimentó un crecimiento respecto al año pasado (+7,8%) y llega a 115,6 millones: el 31% del total. A la cabeza del desplome de licitaciones, se coloca Lugo con una caída de casi el 71% hasta los 50 millones, seguida de A Coruña, un 62% menos hasta los 180,2; y, finalmente, Ourense, que pierde la mitad y se queda en 30,9.
Con este panorama, son cada vez las constructoras gallegas que buscan meter un bocado a la tarta pública en otras comunidades e incluso en el extranjero. El balance de obras en el exterior de 2016 deja cifras récord, con más de 650 millones en 23 proyectos, cinco veces más que los 44,8 de 2015. En 2014 se alcanzaron los 105,6.
