El pago de las expropiaciones a los dueños de los terrenos afectados por la construcción del enlace entre la Autopista do Atlántico (AP-9) y la Cidade da Cultura de Santiago forzó a la Xunta el pasado mes de agosto a una modificación de sus cuentas mediante la cual retiró seis millones de euros destinados a obras en construcción y conservación de carreteras para saldar deudas con los propietarios, que cedieron de forma forzosa sus propiedades a la administración para una infraestructura todavía sin concluir. Se trata de veinte veces más que los 307.246,29 euros previstos inicialmente para compensar la expropiación de terrenos.
La operación contable interna fue tramitada por la Axencia Galega de Infraestruturas este verano. Su objetivo era "contar con el crédito suficiente (...) con la finalidad de hacer frente al pago de expedientes expropiatorios", según consta en la documentación del Ejecutivo gallego. La Consellería de Facenda autorizó el movimiento, que afectó a fondos destinados a mejoras en "la movilidad de O Morrazo", al acondicionamiento de la PO-234 entre Augasantas y Ponte Caldelas y la LU-651 en Folgoso do Courel, a la conversión en autovía del corredor lucense Nadela-Sarria y a la vía de alta capacidad Baio-Berdoias (A Coruña). En resumen, 4,4 millones corresponden a "obras en materia de carreteras", 0,9 a "obra nueva por concesión" y 0,6 a "conservación en materia de carreteras".
La finalización del acceso de la AP-9 al Gaiás estaba prevista para mediados del año que viene. La obra es competencia del Ministerio de Fomento, pero la Xunta, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas, se comprometió a entregarle los terrenos necesarios para ello. Así reza en el real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 26 de septiembre del año pasado sobre el "proyecto 2012 00012". El presupuesto para expropiaciones ese año, 2017 y 2018 era de 307.246,29 euros y afectaba a 96 fincas.
La cuantía final supera casi en veinte veces esa cifra. El aumento de la indemnización pública por perder un terreno en favor de la administración es habitual entre quienes recurren la oferta inicial. De hecho, afectados por expropiaciones que pleitearon con Xunta o concellos en la última década lograron cobrar un 40% más, pidiendo cifras seis veces superiores a las ofertadas inicialmente.
Xurado
En ese período, las administraciones ofrecieron un total de 324,3 millones ante unas reclamaciones de 1.782. De acuerdo con el balance del Xurado de Expropiacións entre 2006 y 2016, el precio justo establecido finalmente rozó los 454 millones. En ese documento, se hace referencia a un expediente que alcanzó los 4,4 millones de euros, el de mayor cuantía analizado por ese órgano mediador. En el caso opuesto, consta su intervención en un caso de apenas 0,21 euros.
Los efectos de la crisis y los recortes en obra pública redujeron la carga de trabajo del Xurado, lo que le permitió reducir su lista de espera. En 2006, cuando se creó este órgano, existían casos pendientes de los años 80 y le entraron por registro otros 1.279. En 2009 los casos nuevos llegaron a 7.295, pero a partir de entonces iniciaron una caída continuada: 5.92 en 2010; 4.261 en 2011; 3.350 en 2012; 1.695 en 2013; 1.730 en 2014 -un ligero aumento, pero en magnitudes mucho menores de las manejadas años antes-; 1.428 en 2015 y 1.082 el año pasado.
En la actualidad, el Xurado cuenta con apenas 400 casos pendientes de resolución.
