La Operación Patos continúa su recorrido judicial. La titular del Juzgado de Instrucción 7 de Vigo, Carmen García Campos, notificó ayer los autos en los que forma las 5 piezas separadas en las que se ha dividido la causa principal, cuya instrucción ya finalizó y que se ha desinflado al archivarse el procedimiento con respecto a 23 de los investigados y continuar solo contra 13. El único político que continúa es el expresidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, Rafael Louzán.

La juez, en autos con fecha de este 21 de septiembre, acuerda formar las piezas -que conllevarán cada una su respectivo juicio- en los términos en los que había solicitado la Fiscalía. La empresa Eiriña, cuyo dueño Enrique Alonso País es el presunto cerebro de la trama, es el hilo conductor de los procedimientos que derivan de la Patos. La magistrada concreta en cada auto -contra los que cabe recurso- que tanto fiscal como partes personadas "pueden solicitar la adición de otros testimonios que puedan considerar relevantes" y señala que cada una de las piezas corresponden a "hechos autónomos e independientes de otros que son objeto de la presente causa" que or tanto pueden ser "enjuiciados separadamente".

¿Cuáles son esas piezas? Una es contra Pais, su mano derecha en Eiriña Jaime Alvariñas y Rafael Louzán, así como Manuel G. Juanatey -que era jefe de los servicios técnicos y director de Infraestructuras de la Diputación- y los constructores Diego González y Mauricio Rodríguez. Se abre por trabajos en 2013 en el campo de fútbol de Moraña (mejoras en vestuarios y graderíos).

Otra pieza es también por trabajos dependientes de la Diputación -en Bembrive (Vigo) y Fornelos de Montes- y en la misma están Alvariñas; Luis Serantes, quien fue jefe de gabinete del presidente de la Diputación; y el empresario José Manuel Carro Pellejero. En una tercera pieza están como imputados el dueño de Eiriña, así como Julio M. Vázquez, trabajador del órgano provincial, y el empresario Agustín Rodríguez, ello "en relación a la concesión de subvención de la Diputación a la Asociación Pedra Moura de Coruxo por la realización de obras de reforma en el local social". En realidad, esas instalaciones eran de un centro de la comunidad de montes.

Otra pieza es por un contrato de la Autoridad Portuaria -la ampliación del puesto de control anexo al escáner aduanero de contenedores- y en la misma están Pais y Alvariñas, así como José Enrique Escolar, jefe de División del Puerto de Vigo; y Alberto Torres, empresario. Y la quinta pieza se sigue contra Álvaro Crespo, alto funcionario municipal de Vigo.