Las restricciones impuestas a la contratación en las administraciones durante la crisis económica han elevado un 30 por ciento la temporalidad en el sector público en los últimos cuatro años. Debido a las limitaciones para reponer efectivos y convocar oposiciones, tanto Xunta, como concellos y diputaciones, han cubierto plazas con contratos temporales, al tiempo que se destruían empleos fijos. En Galicia hay casi 10.000 trabajadores públicos temporales más desde 2013, mientras que se han perdido 3.100 empleados con contrato indefinido. La temporalidad además ha ido en aumento. Solo en el último año el personal eventual se ha elevado en cinco mil personas.
La Xunta ya ha anunciado una macroconvocatoria de oposiciones, con más de 3.000 plazas para este año, para de esta manera cubrir las vacantes que se generaron durante la crisis y reducir la tasa de temporalidad.
Según los datos recogidos en la última memoria del Consello Económico e Social, procedentes de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2016 la tasa de temporalidad en las administraciones se situó en Galicia en el 22,3 por ciento, el porcentaje más elevado desde 2012. Fue ese año precisamente cuando entró en vigor el Real Decreto del Gobierno que puso freno al incremento de plantillas del sector público: se prohibió reponer las plazas que quedaran vacantes, con la única excepción de sanidad y educación donde se permitieron contrataciones para cubrir el 10 por ciento de las jubilaciones.
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En un primer momento, las arcas públicas, acuciadas por las estrecheces de la recesión económica, optaron por recortar gastos cerrando el grifo de las contrataciones y, no solo dejaron de convocar oposiciones, sino que tampoco recurrieron a los contratos temporales. En 2013 la cifra de empleados públicos se redujo en 11.500 (un seis por ciento), de los cuales 6.800 eran fijos y 4.700 temporales. La tasa de temporalidad se situó entonces en el 17,8 por ciento.
Sin embargo, debido a la necesidad de mantener los servicios públicos a las administraciones no les quedó más remedio que reforzar sus plantillas y, ante las limitaciones para convocar oposiciones, optaron por la contratación temporal. Eso provocó que, en los últimos cuatro años, la tasa de temporalidad haya ido creciendo. Desde el 17,8 por ciento de 2013 hasta el 22,3 por ciento del pasado ejercicio.
Aunque la tasa de reposición se ha ido relajando, de manera que en 2015 el Gobierno ya permitió cubrir el 50 por ciento de las vacantes en sanidad y educación, y en 2016 ya se pudo sustituir al 100 por ciento de los jubilados, las distintas administraciones mantuvieron la inercia de recurrir a los contratos temporales para satisfacer sus necesidades de personal.
Así durante el pasado año la cifra de trabajadores temporales en el sector público creció desde los 35.800 a 40.800 y la tasa de eventuales pasó del 19,8 al 22,3 por ciento. Fue el mayor incremento desde 2013.
Una sentencia de la justicia europea hizo saltar las alarmas sobre las consecuencias de la alta temporalidad en las administraciones públicas al establecer que las indemnizaciones por despido a los interinos se debían equiparar a las de un trabajador indefinido.
Oposiciones
En el Sergas ya se fijó un plan para reducir la temporalidad y, a nivel general, la Xunta comprometió para este año 3.000 nuevas plazas de empleo público, que permitirán reducir el porcentaje de trabajadores eventuales en la administración autonómica. Las de Educación ya se celebraron y permitirán la incorporación de 1.043 profesores y personal administrativo.
Las del Sergas no se fijarán hasta octubre. La previsión es convocar 800 plazas, pero la Xunta reclama al Gobierno que le permita superar el 100 por cien. Si le da luz verde, la Consellería de Sanidade asegura que duplicará su oferta hasta las 1.600.
La tasa de temporalidad en el sector público gallego es similar a la del resto de administraciones de España. En el ámbito nacional el porcentaje de trabajadores temporales se sitúa en el 22,5 por ciento, solo dos décimas por encima de Galicia.
Y, en todo caso, el grado de eventualidad en las plantillas públicas es menor que el del sector privado, que se situó en 2016 en el 27,3 por ciento. A pesar de ello, en 2016 el incremento de la temporalidad ha sido más intenso en las administraciones gallegas, donde aumentó en dos puntos y medio, mientras que entre los asalariados del sector privado únicamente se elevó en dos décimas.
