Hubo un tiempo en el que casi todo el mundo conocía a una persona que había conseguido una vivienda de protección oficial. Sobre todo, comprada. Eran los momentos álgidos de la burbuja inmobiliaria en los que se levantaban al mismo ritmo viviendas privadas que de protección pública. Pero toda burbuja se pincha. Llegó la crisis y se desplomó todo el andamiaje. El desplome ha sido tan elevado que en estos momentos las peticiones de pisos públicos en Galicia es la mitad que hace solo cinco años.
La única, y mejor, forma de conocer cuál es la demanda real de viviendas de protección en la comunidad es acudir al Rexistro Único de Demandantes. Allí, la Xunta tiene centralizadas todas las solicitudes tanto de alquiler como para comprar pisos protegidos. A través de este listado se adjudican tanto las viviendas de promoción pública como las de la iniciativa privada y la Xunta conoce exactamente la demanda que existe tanto en número como en qué concellos.
En 2012, en plena burbuja inmobiliaria, el número de personas que estaban apuntadas en la lista eran 25.000. Ayer, eran 12.058. Es decir, la mitad. Y también se ha producido un trasvase. Si hace cinco años había dos solicitantes de alquiler por cada potencial comprador, ahora la proporción es de seis a uno.
La crisis, en global, es la causante de estos dos cambios: el descenso del número de demandantes de vivienda protegida y que esa demanda se haya escorado hacia el alquiler en lugar de hacia la compra de una casa.
Más causas
Pero hay otras causas más específicas. Al inicio de la crisis se disparó la demanda de viviendas protegidas porque se creía que era más fácil conseguir una casa de este tipo que una libre. Pero el avance de la crisis, el incremento del desempleo y las pocas facilidades para encontrar trabajo han provocado que esa demanda disminuya a la mitad.
A pesar de que los peores embates de la crisis han pasado, cada vez hay menos gallegos que aspiran a acceder en propiedad a una vivienda de protección pública. Además de que la situación económica aún no es boyante, los precios de los inmuebles públicos se han mantenido, mientras que el mercado libre se ha abaratado, en algunos casos, hasta un tercio, con lo que la diferencia de precio entre ambos inmuebles se ha reducido. La escasez de nuevas construcciones y que las administraciones públicas casi no colocan pisos de protección en el mercado son otras de las causas.
Además, ante la falta de recursos y de financiación la gran mayoría de gallegos opta por alquiler. En 2012, más de 8.600 se habían apuntado para comprar una vivienda de protección. En 2014 ya eran 5.300, cifra que bajó a los 2.574 de enero de 2015; los 1.985 de 2016 y los 1.439 que hay ahora. Seis veces menos que en 2012. En cambio, existen en estos momentos 10.619 demandantes de una vivienda en alquiler de protección.
Desde 2012, el número de inscritos en el Rexistro Único de Demandantes no ha parado de descender. Aquel año eran algo más de 25.000. Un año después la cifra disminuyó hasta los 20.589. A principios de 2015 la cifra volvió a caer otras 5.0000 personas, hasta los 15.225. En verano de ese año el descenso continuó hasta los 13.956 y a finales del ejercicio eran 12.747. Ahora, en septiembre de 2017, el número se sitúa casi por debajo de los 12.000 (12.058).
Pese al descenso a la mitad de los solicitantes en los últimos cinco años, la lista de espera aún es elevada. La Xunta solo cuenta con unas 3.000 viviendas para alquilar, tres veces menos que la demanda existente. Estos inmuebles están destinados a familias con pocos recursos y que poseen unos ingresos inferiores a 1,5 veces el Iprem. Es decir, unos 11.200 euros anuales.
Para paliar un poco esta situación, la Xunta subió a principios de este ejercicio la reserva mínima de suelo que los ayuntamientos deben destinar a la construcción de vivienda protegida hasta el 5,5% de media.
Cada año, el Ejecutivo gallego establece la demanda real de vivienda pública en cada concello de más de 5.000 habitantes. Este porcentaje lo extrae del Rexistro Único de Demandantes.
Este sistema comenzó en 2012 y la reserva media de suelo se colocó en el 4,66%. Al ejercicio siguiente se disparó hasta el 7,11%, debido a que ese año había 24.000 gallegos inscritos en el registro de demandantes de un piso de protección. Pero a partir de entonces, se produjo un descenso continuo de la superficie mínima destinada a viviendas protegidas, que coincidió con una reducción de los gallegos en lista de espera para acceder a ellas. Así, se pasó al 5,69% en 2014, al 4,71% en 2015 y al 4,66% del pasado año. Y tras tres ejercicios de bajadas, este es el primero que sube, con lo que se rompe la tendencia iniciada en 2013. A Coruña y Pontevedra acaparan ocho de cada diez demandas de viviendas públicas que existen en Galicia.
