Cerca de 57.000 gallegos pidieron el pasado año el certificado que acredita que no han cometido delitos de naturaleza sexual. Lo necesitan para poder trabajar con niños. Son profesores, cuidadores de guarderías, animadores, entrenadores de clubes deportivos, pediatras, monitores de tiempo libre o técnicos de actividades deportivas, entre otros. Un total de 56.924 gallegos solicitaron el certificado, y suponen el 7% de los que lo demandaron en España. Galicia es la quinta comunidad que registró más documentos, según datos del Gobierno central.
Un año antes, los gallegos que solicitaron este certificado fueron 20.815. Fue en 2015 el primer ejercicio en que se exigió este documento, de carácter gratuito, para aquellos que trabajan en contacto habitual con menores. Concretamente se exige desde marzo de 2015 el certificado que informa de las condenas firmes dictadas por los órganos judiciales.Lo necesitan quien ya trabaja, no importa desde cuando, y quien está a punto de trabajar en contacto con menores. Solo en el ámbito educativo, Galicia cuenta con 37.000 profesores en los niveles no universitarios.
La Ley del Menor, reformada en 2015, y la Ley de Voluntariado fijaron la obligación de aportar certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan con menores.
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El objetivo es que ningún trabajador en el ámbito infantil tenga antecedentes por delitos contra la libertad e indemnidad sexual (agresión sexual, abusos, acoso, exhibicionismo...) ni por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida la pornografía.Con esta medida se quiere facilitar la prevención, investigación y persecución de estos delitos.
Quienes tienen antecedentes están incluidos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, un sistema de información en el que se incluyen la identidad, el perfil genético y las penas y medidas de seguridad impuestas a todos los condenados en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad sexual o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía.
En Galicia, los condenados por delitos sexuales son casi 2.000, y en España se acercan a los 41.000. Galicia es la sexa comunidad con más penados por estas conductas. A este registro tienen acceso los juzgados, la fiscalía y la policía judicial de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad.
Los antecedentes penales tardan un década en cancelarse en el caso de delitos graves, como los sexuales, y si es cometido contra un menor de edad, el plazo asciende a 30 años.
El certificado que acredita si uno ha cometido o no delitos sexuales puede ser solicitado por el interesado, por ejemplo un opositor aspirante a una plaza de profesor, bien de forma telemática, por correo postal o de forma presencial. También existe la posibilidad de que una empresa o administración, con autorización previa y expresa de sus empleados, solicite el certificado conjunto de su plantilla.
El registro de delincuentes sexuales no es el único con el que cuenta el Ministerio de Justicia. Este departamento también dispone de un registro central de penados, en el que están todos los ciudadanos, con resoluciones firmes en las que se les impuso una pena o una medida de seguridad. Existe otro registro de protección de las víctimas de violencia de género, en donde están todas las medidas impuestos en base a estos delitos; el de medidas cautelares y sentencias no firmes; el de responsabilidad penal de menores; y el de rebeldes civiles, en donde se incluyen aquellos demandados en un procedimiento civil cuyo domicilio se desconoce.
