La Fundación Francisco Franco anuncia que hará "todo lo que esté en su mano" para asegurarse de que "los asaltantes" del Pazo de Meirás (militantes del BNG entraron a finales de agosto en el mismo y desplegaron pancartas para pedir la devolución de este Bien de Interés Cultural (BIC) "al pueblo") reciban "su justo castigo de acuerdo con la ley", que la entidad sitúa en un plano "superior" a la democracia.

Después de que la Xunta anunciase una multa de 4.500 a la familia Franco4.500 a la familia Franco por impedir las visitas a este BIC, la entidad que las gestiona no se pronuncia sobre esta cuestión pero sí avanza, en un comunicado emitido este lunes y recogido por Europa Press, que buscará "justo castigo" legal para los "asaltantes" del Pazo.

"Esta decisión es tan obvia que podría parecer innecesario anunciarla, pero la oscurantista presentación del referido asalto por parte de múltiples actores políticos y mediáticos aconseja dar publicidad a esta medida", remarca la Fundación, muy crítica con la "no condena" al "asalto" de "una amplia mayoría de las organizaciones políticas y mediáticas españolas".

En esa línea, considera que "lo relevante" no es "el asalto en sí mismo, ya que el respeto a la ley de la izquierda española es nulo, sino la respuesta al dicho asalto" y el hecho de que "la versión más difundida del asalto" lo defina "como un pequeño festejo en el cual los delincuentes son presentados como defensores del bien común y las víctimas del delito, es decir la familia de Francisco Franco y la Fundación, son descritos como delincuentes".

"¿Cómo es posible que en la España de la II Restauración Borbónica se haya alcanzado un grado tan elevado de falta de respeto público a la ley?", se pregunta la Fundación, quien remarca que "la sedición del Parlamento y del Gobierno regionales de Cataluña" hubiera sido "impensable" si la ciudadanía catalana "hubiera tenido claro que, en todo Estado de Derecho, el imperio de la ley está por encima de la democracia". A su juicio, "este mismo error" de considerar "la democracia superior a la ley" explica "la reacción política y mediática" de "no condenar el asalto" al Pazo de Meirás. De hecho, reflexiona que, "como el asalto ha tenido lugar contra una entidad que defiende la España de Franco, lo políticamente correcto es definirlo como una actuación democrática y, consecuentemente, legal".

Ley y democracia

"En resumidas cuentas, la sedición del Parlamento regional catalán y la no condena al asalto de Meirás nacen de un mismo mito: que la democracia debe prevalecer sobre la ley", indica.

Con todo, considera que la "mencionada sedición de una amplia mayoría de las instituciones democráticas catalanas, aunque obviamente deletérea" aporta "un beneficio relevante", que "la ciudadanía española ha empezado a comprender no solo que las decisiones democráticas son frecuentemente ilegales (previamente ejemplifica con el Estatut), sino que, además, esta ilegalidad puede acarrear consecuencias estremecedoras para el bien común".

"Algo que los expertos ya conocían a raíz de la muy democrática elección de Hitler al poder en Alemania", continúa el comunicado, en el que la Fundación proclama que, "frente a los peligros que genera la democracia, la única solución posible es que las élites se mantengan firmes en la defensa del Estado de Derecho: la ley siempre debe pesar más que la democracia".

En su opinión, las consecuencias de actuar contra los "asaltantes" del Pazo de Meirás serán "muy importantes y muy positivas" sobre la sociedad española en su conjunto porque "la aplicación del peso de la ley a los culpables del asalto, así como a los culpables de la sedición del Parlamento regional catalán será el caballo de batalla del enfrentamiento entre la democracia y la ley en la España de los próximos meses".

"Y en el debate público, ya iniciado, entre la prevalencia de la ley o de la democracia, los distintos actores, tanto políticos como mediáticos, tendrán irremediablemente que definirse, abandonando su estudiada ambigüedad de hoy. Y de esta definición depende el futuro de nuestra patria: o Estado de Derecho o caos", zanja la Fundación.