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Medidas para mejorar la eficiencia de las plantillas públicas

Una empresa medirá la producción de los funcionarios de la Xunta

-Ayudará a finalizar el estudio que arrancó en marzo en el área de Vicepresidencia y que va con retraso -La compañía realizará auditorías "periódicas" para detecatar deficiencias o duplicidades en el servicio público

La Xunta está dispuesta a sacar el máximo rendimiento a sus empleados públicos. Ya el pasado mes de marzo empezó a medir la carga de trabajo de su personal, empezando por el área de Vicepresidencia, con el objetivo de reordenar mejor la plantilla. Esta tarea debería haberse terminado el pasado mes de junio, pero a fecha de hoy todavía siguen recogiendo datos. Desde el Gobierno gallego justifican el retraso en la "complejidad" del estudio y han decidido recabar el apoyo de una empresa para que que les ayude a analizar las cargas de trabajo de su plantilla y se encargue además de realizar "evaluaciones periódicas" que sirvan para detectar "deficiencias o duplicidades" en el funcionamiento del sector público.

Vicepresidencia licitó el contrato a finales del pasado mes de julio por 15.000 euros justificando "la falta de medios humanos, materiales y técnicos" de la Administración autonómica.

Precisamente uno de las razones con las que la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa justificó el pasado mes de abril el análisis de la carga de trabajo de los empleados públicos era sacar más provecho a los recursos humanos de la Administración autonómica y "evitar así recurrir a contrataciones externas".

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Aunque el estudio piloto arrancó en la consellería que dirige Alfonso Rueda, la previsión era extenderlo, en una primera fase, a los 16.000 trabajadores de la administración general de la Xunta, es decir, quedarán excluidos los trabajadores de sanidad, educación, justicia y las agencias públicas.

Para ayudarla en esta tarea la Xunta busca el apoyo de una auditora externa para "impulsar actuaciones de modernización y reforma administrativa". Entre sus tareas, estará "el analisis y medición de las cargas de trabajo de los órganos, servicios y unidades de la Administración general que permita un óptimo redimensionamiento de la organización administrativa y una eficiente realización de las tareas asignadas". Así, esta empresa se encargará de identificar a cada empleado público, recoger los datos de su carga de trabajo, analizar la información y elaborar los informes correspondientes.

Además hará "auditorías de control", mediante evaluaciones periódicas que sirvan para "evitar posibles deficiencias y duplicidades y proponer medidas correctoras o de mejora".

Otra de las tareas que se encomendará a esta empresa será "la centralización de la tramitación de sugestiones y quejas" de los usuarios de los servicios públicos, así como proponer "actuaciones de mejora o acciones correctivas" para mejorar la atención al ciudadano.

En este sentido, la adjudicataria realizará estudios del grado de satisfacción de los servicios públicos, que se tendrán en cuenta para mejorar la calidad y la prestación de los mismos.

La Xunta encomienda también a esta consultora que revise que procedimientos administrativos se pueden simplificar y cómo eliminar cargas burocráticas.

El recorte de plantilla local casi quintuplica al de la autonómica desde 2009

  • Uno de los frentes de la batalla que libran los ayuntamientos con el Gobierno central, además de la responsabilidad sobre la devolución del impuesto de plusvalía a quienes vendiesen sus propiedades con pérdidas o las restricciones para invertir su superávit, afecta también al empleo público. Las entidades locales cifran en 100.000 los puestos perdidos desde 2012 debido a las limitaciones para cubrir sus vacantes fijadas para embridar el déficit público y exigen una tasa de reposición del 100%, limitada ahora a puestos de sanidad, educación y justicia, sobre las que carecen de competencias. De hecho en Galicia, concellos y diputaciones sufrieron una reducción del 15,6% de sus plantillas desde el inicio de la crisis, casi cinco veces más que la experimentada por la Xunta y casi el doble que la administración estatal en la comunidad. A comienzos de año, las entidades locales contaban en Galicia con 26.631 empleados, 4.932 menos que los 31.563 del año 2009, en que la crisis estalló tras la caída del banco estadounidense Lehman Brothers a finales del ejercicio anterior. En ese período, y usando los datos homogéneos del boletín estatal de personal público correspondientes a enero que permite comparar las tres administraciones, la Xunta perdió un 3,4% de su plantilla, pasando de 89.299 trabajadores a 86.268, es decir, 3.031 menos. Más sueldos del Estado Por su parte, los ciudadanos a sueldo de la administración estatal en Galicia disminuyeron casi un 9%, prácticamente la mitad de caída que la experimentada en el ámbito local, lo cual provocó que los primeros superasen en número a los segundos al alcanzar un total de 27.619. Cuando comenzó el año 2009 eran 2.678 más y sumaban 30.297, cifra entonces por debajo de los 31.563 de concellos y diputaciones, según los datos de la citada base de datos del Ministerio de Hacienda.

El examen de rendimiento sin aplicarse dos años después

  • La Lei de Emprego Público, aprobada en abril de 2015, incluía entre sus novedades la evaluación del rendimiento de los trabajadores públicos mediante un examen que si superaban les reportaría un plus económico. Por el contrario, si suspendían podrían ser trasladados a otro puesto de trabajo o incluso ser obligados a realizar un curso de formación para reciclarse. Sin embargo, este test de rendimiento a los empleados de la Xunta sigue sin realizarse dos años después de haberse aprobado la normativa y tampoco se ha concretado cómo se hará. Antes de ponerlo en práctica el Gobierno gallego debe aprobar un reglamento que lo regule. Se debe fijar de qué manera se realizará este examen del rendimiento de los empleados públicos y qué criterios se seguirán para la evaluación. El desarrollo de esta normativa ya se pospuso la legislatura pasada, puesto que, según explicaron entonces desde la Consellería de Facenda, primero hay que realizar una revisión "a fondo" de la relación de puestos de trabajo de las consellerías y los entes instrumentales. Y en este nuevo mandato, todavía no se ha concretado fecha para empezar a realizar estos exámenes.

La falta de personal acapara el 20% de las quejas a la Administración

  • La Oficina de Defensa de los Servicios Públicos de la Xunta recibió el pasado año un total de 632 quejas. Y el mayor número de reclamaciones, el 20 por ciento, están relacionadas con la falta de personal en la administración autonómica. Por consellerías, la que acapara más quejas es la de Educación. En 2016 recibió 240 protestas de ciudadanos descontentos, es decir, acaparó cuatro de cada diez reclamaciones recibidas en la Administración autonómica. En sanidad, sin embargo, solo fueron ocho, puesto que los pacientes canalizan sus quejas por otras vías. Tras Educación, la segunda consellería con más demandas fue la de Política Social, que recibió 81 (el 12,8 por ciento del total). Y en tercer lugar, está la de Economía, Emprego e Industria (con 76 reclamaciones). El principal motivo de queja es la falta de personal en los servicios públicos (139 protestas) y, en segundo lugar, la demanda más repetida hace referencia a los excesivos tiempos de tramitación en la Administración gallega (87 reclamaciones). La falta de información ocupa el tercer puesto (75 quejas) y también son numerosos los problemas por la dificultad para acceder a procedimientos electrónicos (71).

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