La vulneración de las normas de sanidad en relación con los medicamentos o los alimentos le costaron el año pasado a los infractores más de 3,6 millones de euros en multas, una de las cuales alcanzó los 600.000 euros al ser catalogada como muy grave. De esas cantidades tiene pendiente de ingresar todavía 1,2 millones.
Las cifras constan en el informe de ejecución presupuestaria del Gobierno gallego y figuran en el epígrafe dedicado a la inspección de la Consellería de Sanidade, que explica que la mayor parte de sanciones corresponden a malas praxis de centros sanitarios, clínicas, almacenes de distribución y farmacias. Sin embargo, el departamento dirigido por Jesús Almuíña no ofrecemás datos sobre las infracciones cometidas alegando la ley de protección de datos.
Tres leyes
Los ingresos de la Xunta con motivo de estas sanciones están relacionados con el incumplimiento de los preceptos establecidos en tres leyes. Se trata de la Ley 29/2006 de garantías y uso racional de medicamentos, de carácter estatal, Lei 5/1999 de ordenación farmacéutica y la Lei 8/2008 de Saúde de Galicia, estas dos últimas autonómicas. La multa de 600.000 euros alcanza el rango más alto previsto en la legislación actual al ser considerada como infracción muy grave (o bien varias graves de forma reiterada).
Entre las prácticas castigadas por esas normativas se incluyen, por ejemplo, "la preparación, distribución, suministro, venta de alimentos, bebidas o productos relacionados directa o indirectamente con la alimentación humana que contengan gérmenes, sustancias químicas o radiactivas, toxinas o parásitos capaces de producir o transmitir enfermedades al hombre.
Pero también otras como "el ofrecimiento de primas, obsequios, premios, concursos o similares como métodos vinculados a la promoción o venta al público" de medicamentos, según la Lei de ordenación farmacéutica, que también considera muy grave "distribuir fuera del territorio nacional medicamentos para los que existan problemas de desabastecimiento con repercusión asistencial".
