La privatización del examen de conducir. Un modelo que ya se aplica en algunos países europeos y que las autoescuelas ponen como ejemplo del camino que debería seguirse también en España. La reivindicación ha cobrado fuerza tras la huelga de examinadores que amenaza con convertirse en indefinida a partir de septiembre y, en consecuencia, dejar a miles de alumnos sin examinar y abocar al cierre de cientos de centros de formación que no son capaces de afrontar las pérdidas ocasionadas por la protesta en plena temporada alta.

Países como Bélgica, Finlandia, Alemania o Holanda ya tienen externalizado el servicio. Y en Portugal y Luxemburgo el modelo que se aplica es mixto. Es decir, una parte de los examinadores son funcionarios y otra parte procede de empresas privadas.

Desde Asextra, su delegada en Galicia, Vanesa Fernández, advertía hace días en declaraciones a este periódico de que al Estado le costaría poco más de 3,6 millones la subida salarial que propone el colectivo. Una cantidad que, según sus estimaciones, supone una tercera parte de los 12 millones que ha dejado de ingresar la DGT por las tasas de los exámenes de conducir durante los días de huelga.

En la asamblea general convocada para el próximo día 30, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) estudiará qué tipo de acciones legales emprenderá si el conflicto no se resuelve en la reunión entre DGT y examinadores del día 22. Entre las opciones que se plantean, está la demanda contra el Estado por responsabilidad patrimonial e incluso una vía extrajudicial para los examinadores a través del acto de conciliación, según detallan fuentes jurídicas.