La Asociación Gallega de Empresas de Ingeniería y Consultoría y Servicios Tecnológicos (Ageinco) denuncia irregularidades en tres concursos públicos, uno de ellos del Ministerio de Medio Ambiente en Sada, y los otros dos de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por las asistencias técnicas en la dirección de obras del proyecto del colector del río Veiga, en Guitiriz (Lugo), así como del proyecto para la restauración hidrológico-forestal y mejora de la colectividad de varios cauces de la cuenca del Miño-Sil en la provincia de Pontevedra.
Ageinco considera que estos concursos afectan perjudicialmente "a la estructura empresarial gallega, ofrecen condiciones inadecuadas e incumplen la legislación vigente".
"Precisamente la administración tiene que predicar con el ejemplo, cumplir con la normativa vigente y no ser la primera en incumplirla como está haciendo constantemente", señala la secretaria de Ageinco, Marta Gallego.
En el caso concreto de la Confederación Miño-Sil, la asociación de empresas de ingeniería y consultoría denuncia que el 99% de lo licitado se basa "única y exclusivamente" en el criterio económico, convirtiéndose en la única confederación hidrográfica de España que utiliza esta práctica de la subasta, pues el resto de confederaciones nacionales valoran criterios técnicos y económicos".
"Se trata de un agravio comparativo de su manera de contratar con respecto a otras confederaciones hidrográficas y así se lo hemos hecho saber a la Dirección General del Agua" asegura Marta Gallego, quien recuerda que "la administración debe velar, cumplir y hacer cumplir las leyes". "La contratación de servicios por debajo de su precio real objetivo, la formulación incompleta e injustificada de los pliegos y otras prácticas administrativas, entre ellas la asunción de contratos en baja temeraria, deben revisarse ya que son ilícitas y atentan contra la economía de mercado", denuncia.
En todos los casos, Ageinco pide la anulación de los pliegos y la redacción de unos nuevos en consonancia con la directiva y legislación en vigor. Marta Gallego recuerda que en multitud de ocasiones las empresas se ven imposibilitadas a llevar a cabo sus trabajos en las condiciones acordadas.
