Desde que el juez condena al menor e impone la condena hasta que esta se aplica puede demorarse años. En un principio, ante el elevado número de jóvenes condenados, existía lista de espera para entrar a los centros de internamiento. En la actualidad ese problema no existe puesto que la comisión de delitos entre los menores ha descendido y los centros ya no están saturados. Pero hay otras razones que explican los retrasos: desde la demora en la tramitación a que el menor está cumpliendo otras medidas o se encuentra en paradero desconocido.

Al cierre de 2016 la Xunta tenía pendiente de aplicar 195 castigos a menores condenados, de los cuales 70 son medidas que fueron notificadas en 2015 o incluso antes, de manera que ya acumulan dos años de retraso.

Al no estar tan saturados los centros de menores, la aplicación de las medidas se ha agilizado. De manera que si en 2012 habían quedado pendientes de aplicación 628, ahora esta cifra se ha reducido a una tercera parte.

En concreto, hay 28 menores pendientes de entrar a un centro y 167 de recibir otros castigos como libertad vigilada, prestaciones a la comunidad o tareas socioeducativas. En ocasiones, se tarda tanto en imponer la pena que el joven termina cumpliendo la mayoría de edad, comete otros delitos y entra en prisión.