Meirás y la "grandeza de Franco"

La Fundación Francisco Franco gestiona desde hace meses las visitas de público al pazo de Meirás, última residencia del dictador que la justicia obligó a abrir a la ciudadanía para cumplir los requisitos de su consideración como bien de interés cultural (BIC). La tormenta política generada tras conocerse esa implicación elevó su intensidad ayer hasta el punto de que la Diputación de A Coruña, gobernada por un bipartito PSdeG-BNG, amenazó con denunciar ante la justicia cualquier "apología del franquismo". Su anuncio se produjo después de que la fundación lanzase un mensaje de difícil encaje en otros países europeos que padecieron dictaduras en este siglo. "Es una excelente oportunidad para mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco, para potenciar el turismo a Galicia y para difundir el patrimonio gallego en el mundo", expuso sobre su papel en el control de las visitas.

El pazo de Meirás regresa así al centro de la polémica una década después de que el concello de Sada, tras llegar el BNG a la Alcaldía, abriese una ofensiva para lograr su catalogación como BIC y forzar visitas ciudadanas esporádicas a la residencia de verano de la familia Franco. Tras ser designado como tal en 2008, se estableció la obligación de que abriese al menos cuatro días al mes la que fuera residencia de la escritora Emilio Pardo Bazán y que en 1939 fue adquirida por un grupo franquista. Posteriormente, los campesinos de la zona fueron forzados a regalar los terrenos colindantes, según denunció la Asociación pola Defensa da Memoria Histórica, para entregar un pazo ampliado a Franco.

La oposición cargó con dureza con la entrada en liza de la fundación dedicada a honrar la memoria del dictador y exigió a la Xunta que mediase. La Consellería de Educación e Cultura, responsable de designar los BIC y que ya abrió varios expedientes a los dueños de la propiedad por incumplir el régimen de visitas aunque frenó las multas de alguno de ellos, se declara atada de pies y manos mientras "se cumpla la ley". "El pazo de Meirás es un BIC de titularidad privada. Tal y como figura en la Lei do Patrimonio Cultural, es obligación de los propietarios abrirlo al público y gestionar su mantenimiento. Dicha ley no establece nada al respecto de que las visitas se gestionen a través de uno u otro tipo de entidad", explican fuentes del departamento de Román Rodríguez, que añaden que "la Fundación Francisco Franco es una entidad considerada legal".

La vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, la nacionalista Goretti Sanmartín, no solo amenazó con denunciar cualquier atisbo de "apología del franquismo", sino que invocó la Ley de Memoria Histórica para que las autoridades "impidan que la Fundación Francisco Franco siga elogiando el régimen dictatorial en el pazo de Meirás". "Un hecho así no ocurre en ningún país que haya puesto fin a una dictadura como la que aquí se vivió", añadió en un año con polémicas condenas judiciales como la de la tuitera Cassandra Vera, castigada con doce meses de prisión por chistes sobre Carrero Blanco, asesinado por ETA, que suponían, para la Audiencia Nacional, un delito de humillación a las víctimas.

La socialista Concepción Burgo también censuró el papel de la citada fundación, que supone un "insulto, burla y provocación", mientras que Antón Sánchez, de En Marea, acusó al PP de "proteger los intereses de la familia Franco".

La Fundación Franco acusó a la izquierda de vivir en el "guerracivilismo" y señaló que su objetivo era "desgastar al PP".