El PP rechaza celebrar el pleno extraordinario que solicitaba la oposición

Este viernes se reunió este órgano con la convocatoria de una sesión plenaria extraordinaria en agosto en el orden del día a instancias de los grupos de la oposición, que reclamaban que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, compareciese para explicar el estado de la ley de transferencia de la AP-9, el nuevo plan de transporte de la Xunta y la entrada en vigor de Ley de Inclusión Social.

Los 12 votos de los parlamentarios del grupo popular han impedido que la propuesta saliese adelante, ya que, como ha explicado su portavoz, Pedro Puy, las cuestiones planteadas por la oposición "ya fueron tratadas" en anteriores plenos y no son asuntos de urgencia que justifiquen la convocatoria de una sesión extraordinaria.

En relación a la AP-9, el mandatario gallego señaló al respecto que "no es el mejor momento" para pedir el traspado, dada la situación de Cataluña y la quiebra de autopistas.

Desde los grupos de la oposición se reclamaba la comparecencia de Núñez Feijóo ante, en palabras del portavoz socialista, Xoaquín Ferández Leicega, la "inacción" y "sumisión" de la Xunta ante el Gobierno central en la solicitud de transferencia de la AP-9 para su gestión autonómica, cuyo debate ha sido vetado por la Mesa del Congreso de los Diputados.

La portavoz parlamentaria del BNG, Ana Pontón, acusó al titular del Ejecutivo autonómico de "dar bandazos" y ser "el principal aliado" del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en referencia a sus declaraciones en las que cuestionaba la viabilidad del traspaso de la autopista a manos de la Administración gallega.

Según el portavoz de En Marea, Luís Villares, el veto de la mesa del Congreso al debate de ley gallega para el traspaso de la AP-9, que fue aprobada en la Cámara gallega por unanimidad, está basado "en un informe lleno de falsedades". "Se está negando lo que es esencial en democracia: debatir", ha apostillado.

"No hay nada más antisistema que el Gobierno central", ha espetado el portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, quien cree que, con las reticencias del PP a debatir la ley aprobada por la Cámara gallega, la mesa del Congreso "pervierte el funcionamiento de las instituciones democráticas".

Mientras, Puy aseguró que la petición de un pleno extraordinario para el mes de agosto en la Diputación Permanente es un "clásico de verano" que se produce cada año y acusó a la oposición de utilizar este órgano para "hacer debates" fuera del período ordinario de sesiones.

Por todo ello, ha justificado el rechazo de su grupo a la celebración de dicho pleno, ya que "las tres cuestiones" planteadas (AP-9, plan de transporte y Ley de inclusión social) "ya fueron tratadas" en anteriores sesiones de la Cámara, "dos de ellas en el último pleno ordinario".

Sin "novedades"

Respecto al traspaso de la Autopista del Atlántico, ha incidido en que "no hay novedades" que haga necesario que Feijóo rinda cuentas ante el Parlamento, al tiempo que ha cargado contra la oposición por "engañar con los peajes" porque, que se el Estado transfiera la titularidad de las vías de pago a las comunidades, "no implica beneficios para los usuarios" como, dice, demuestra el caso de la autopista que une Bilbao y Donosti.

Además de sobre el estado de la AP-9, los grupos de la oposición, a iniciativa del BNG, solicitaban la comparecencia del titular de la Xunta para que ofreciese explicaciones sobre la aplicación del nuevo plan de transporte, que provocó en un primer momento las protestas del sector y desembocó en una huelga.

Frente a esto, el PP adujo que la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ya compareció en la última sesión ordinaria, de mediados de julio, para informar sobre este asunto, en el que las primeras adjudicaciones de líneas de autobús (un total de 38 ya, según la Xunta) demuestran, según Puy, que los argumentos de la oposición para criticar el plan no son ciertos, ya que "ni se suprime" el transporte escolar, ni "se beneficia a empresas grandes y de amigos".

Otra de las cuestiones por las que se reclamaba la convocatoria de una sesión extraordinaria era la falta de aplicación de la Ley de Inclusión Social que, como ha relatado Villares, acumula "tres años de retraso" en su entrada en vigor, a lo que hay que sumar la "falta de atención presupuestaria". "Las leyes de carácter social sin atención presupuestaria no sirven para nada", ha concluido.

Ante esto, Puy ha asegurado que la Administración autonómica "está mejorando los tiempos de tramitación" de la Renda de inclusión social de Galicia (Risga) y que el presupuesto de la misma tiene "carácter ampliable", informa Europa Press.