El alcalde de Xunqueira de Ambía (Ourense), José Luis Gavilanes, su hijo y su exmujer, fueron detenidos el pasado lunes 24. Agentes de la Brigada de Extranjería les tomaron declaración en comisaría, investigados como presuntos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Tras el interrogatorio fueron puestos en libertad, si bien el expediente será trasladado al ámbito judicial para que, de verlo procedente, se continúe con las investigaciones.

Gavilanes, que afirma que no fue detenido sino "citado" a declarar en Comisaría, negó ayer los hechos y afirmó que ningún trabajador de su empresa ha estado nunca en situación irregular. Admite mantener relaciones de "caridad" con inmigrantes ilegales a los que ayuda con ropa, dinero y comida, e incluso "pagar un piso" en la calle Jesús Soria a tres extranjeros que, de no ser así, estarían en la calle. Pero aseguró que "si esto llega a juicio" podrá desmontar con "pruebas contundentes" lo que tacha de "trama" contra él. Los hechos, ajenos a la labor política y de gobierno del regidor, afectan a tres extranjeros en situación irregular en España que desempeñaban trabajos de limpieza en la compañía de transportes Empresa Gavilanes S.L., de la que es propietario el alcalde José Luis Gavilanes, así como en la vivienda y las instalaciones del Club Ourense Baloncesto, COB, del que fue presidente su hijo Antonio Gavilanes.

Estas tres personas, dos de origen senegalés y otra colombiana, no percibían salario por las tareas que desempeñaban ni estaban dadas de alta en la Seguridad Social pese a que la relación laboral se había prolongado. Una de las supuestas víctimas llevaría dos años trabajando para ellos, otra un año y medio y la tercera seis meses. Según fuentes de la investigación, se mantenían en esta situación bajo la supuesta promesa que de que firmarían un contrato laboral con el que podrían regularizar su estancia en el país. No obstante, ese día nunca llegó. Lo que presuntamente obtenían como remuneración era alojamiento en un piso compartido y comida, pero no retribución económica. Las condiciones en las que vivían, según fuentes de la investigación, eran aparentemente dignas.

La Brigada de Extranjería y Documentación de la Comisaría Provincial de Ourense detectó esta irregularidad en febrero de 2017, en labores de confirmación de una pareja de hecho entre un senegalés y una española. Comprobaron que el hombre estaba ilegal y carecía de contrato, pero pudieron observar que en la práctica realizaba trabajos. Entonces iniciaron una investigación que les llevó a José Luis Gavilanes, su hijo y su exmujer. Según trascendió, esta trabajaba de voluntaria en Cáritas donde presuntamente establecía contacto con personas procedentes del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar inscritas en programas de inserción social a las que habría ofrecido trabajo. Al conocer esta "explotación", según fuentes de la investigación, la entidad prescindió de su colaboración. Ninguno de los tres extranjeros víctimas de esta presunta explotación habían denunciado los hechos.