La instrucción judicial del caso Alvia tomó ayer un nuevo impulso con la comparecencia del exjefe de Seguridad en la Circulación de Adif Andrés Cortabitarte, investigado la causa por el accidente del Alvia en Angrois por 80 homicidios por imprudencia y 144 delitos de lesiones. A diferencia de su visita a los juzgados el pasado abril, en esta ocasión sí que contestó, pero solo a las preguntas del magistrado Andrés Lago, del nuevo fiscal Mario Piñeiro y de su abogado. Cortabitarte aclaró al instructor del caso que desconocía el cambio del sistema de frenado automático (ERTMS) por el método de apoyo Asfa digital en parte de la línea Santiago-Ourense inaugurada en 2011, en concreto en el tramo anterior a la estación de Santiago, que incluye la curva de A Grandeira donde se produjo el descarrilamiento. En este sentido, insistió en que se enteró de la modificación "a posteriori" porque en ese momento nadie le dijo nada.

En su declaración trató, por una parte, de desviar responsabilidades a su sucesor en el cargo porque, aclaró, el 24 de julio de 2013, cuando ocurrió el siniestro, él ya no era director de seguridad de circulación de Adif. Fue destituido dos meses antes para ser nombrado subdirector de Innovación y Desarrollo Tecnológico. También señaló al responsable de seguridad de Renfe y a Ineco, la consultoría pública de la que operadora y el administrador ferroviario poseen el 50% de acciones y que según el juez, sí advirtió a Adif del peligro de accidente en el trazado.

Sobre la obligación de realizar un análisis de peligrosidad de la línea, Cortabitarte insistió en que la normativa europea no lo exigía. Añadió que tampoco se requería uno concreto para estudiar el riesgo de un posible error humano, como ocurrió en Angrois con el despiste del conductor Francisco Garzón, el otro investigado en la causa. Y a pesar de que el peligro de descarrilamiento en la curva de A Grandeira era conocido en los controles realizados por la empresa que construyó la línea ferroviaria, el exjefe de seguridad de circulación de Adif argumentó ayer que "el trayecto se concibe como una línea recta".

El actual subdirector de gestión logística de aprovisionamiento accedió a los juzgados de Fontiñas tres horas antes de su declaración para evitar a los miembros de la plataforma de víctimas, que acudieron para reclamar su dimisión. "Una persona que no mitigó el riesgo siendo el máximo responsable de seguridad no puede ocupar un cargo público y el ministerio de Fomento puede y debe hacerlo dimitir", explicó el portavoz de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04144, Jesús Domínguez.

La comparecencia del exalto cargo de Adif se retrasó porque antes testificaron los peritos Juan Carlos Carballeira y César Mariñas, a los que el instructor citó para ratificar sus informes sobre la exigencia de realizar una evaluación integral de riesgos en la línea Santiago-Ourense. Carballeira, ingeniero de Caminos y funcionario de la Xunta, defendió en el informe que presentó en enero que no era obligatoria porque "no había cambios significativos en las instalaciones". Pero en su declaración de ayer, el experto se corrigió y cambió su peritaje debido a "que hay mucha más documentación". Considera ahora que el análisis de peligrosidad era obligatorio y que sí se realizó. Sus respuestas provocaron las protestas tanto de los letrados en el interior del juzgado como de las víctimas que le esperaban fuera que le preguntaron cuántos muertos más se necesitan para que se sepa la verdad. "Espero que ninguno", les respondió Carballeira.

El perito independiente César Mariñas sí que mantuvo su informe inicial y ratificó que si se hubiesen realizado los controles necesarios en el tramo Ourense-Santiago, "se habrían detectado deficiencias en la curva de A Grandeira" que se podrían haber subsanado. La Agencia Ferroviaria Europea también había ratificado en abril la versión de Mariñas, aduciendo además que el riesgo en la curva de Angrois "había sido identificado" y que Adif no cumplió con sus responsabilidades "al no haber hecho nada para subsanarlo", traspasando de esta forma la responsabilidad al maquinista. El juez Lago Louro pidió este documento al organismo para analizar qué se entiende por evaluación de riesgo.