Copago autonómico en sanidad, armonizar el impuesto de sucesiones, más solidaridad de País Vasco y Navarra, ... son algunas de las propuestas para la reforma del sistema de finanicación autonómica que ayer ponía encima de la mesa la comisión de sabios, nombrada por el Gobierno central y las autonomías. 21 expertos, con Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada, como representante de Galicia, han debatido durante meses por dónde debe ir el nuevo modelo de financiación de las comunidades, y el consenso ha sido difícil e imposible en más de una cuestión. Una delegación entregó ayer a la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, un documento de 165 páginas, de las cuales cuatro de cada diez están ocupadas por votos particulares. Una evidencia de la complejidad del acuerdo al que a partir de ahora se enfrentan los políticos, en un escenario también muy complicado, con la tensión soberanista de Cataluña y la falta de mayoría del PP como telón de fondo.
| Copago. Las comunidades se quejan de falta de recursos para financiar los servicios que deben prestar, y el comité de sabios propone que tengan "competencia sobre instrumentos de copago, especialmente en el caso de la sanidad, pero posiblemente también en otros servicios". Defiende su propuesta porque ayudaría a las comunidades a "disciplinar la demanda" del servicio y porque podría ser "una fuente significativa y apropiada de ingresos". La Xunta hasta el momento no se ha mostrado muy favorable al copago.
| Impuesto de sucesiones. En Galicia, con las exenciones puestas en marcha por el Gobierno de Feijóo, el 99% de los herederos en línea ascendente o descendente no tiene que pagar nada al fisco por la herencia recibida. Solo cuando el legado supera los 400.000 euros, excluyendo vivienda habitual, se debe rendir cuentas con el fisco y solo por la cantidad que supera ese límite. Los expertos proponen armonizar este impuesto para evitar las diferencias entre comunidades. Plantean un mínimo exento elevado con tipos que irían del 4% al 11% en función del grado de parentesco. En cuanto al impuesto de Patrimonio, que en Galicia supone 70 millones de euros al año para las arcas públicas, sugieren, sin tenerlo muy claro "el mantenimiento transitorio o definitivo del impuesto, con una base imponible homogénea y un mínimo exento amplio igual en todo el territorio nacional".
| IVA. Recomiendan que las autonomías puedan subir el IVA y los impuestos especiales de forma colegiada. Las comuniades tienen en la actualidad cedido el 50% de la recaudación del IVA y el 58% de los impuestos especiales.
| Envejecimiento. Una de las demandas gallegas es que en el nuevo modelo pese más que en el actual sistema el envejecimiento y la dispersión de la población, dos factores que encarecen la prestación de los servicios, en especial el sanitario. El documento, que ayer llegó a manos de Montoro, recomienda "mantener" el indicador actual de población en función de siete tramos de edad para calcular los recursos que para sanidad necesita cada comunidad, pero "actualizándolo periódicamente" y "revisando las ponderaciones asignadas a los distintos tramos de edad y posiblemente sus definiciones para recoger posibles cambios en el perfil de gasto de la edad". Para fijar el presupuesto de Educación, prevé novedades, pero no incluye la dispersión, una circunstancia que en Galicia, por ejemplo, encarece el transporte escolar.
| FCI. Otra de las reivindicaciones de la Xunta es el impulso del Fondo de Cooperación Interterritorial, un fondo "reequilibrador" que desvía recursos extras a las comunidades más débiles. El comité de sabios piensa lo mismo y apuesta por un "incremento significativo" de su dotación y que se ligue su incremento a la tasa del PIB estatal.
| Condonar deuda. Galicia nunca acudió al FLA, fondo de liquidez autonómica, fondo estatal que adelantaba dinero a las comunidades con problemas de liquidez a cambio de un control de sus contabilidades. Por ello, la Xunta siempre se ha negado a una quita o condonación de los préstamos del FLA. En esta cuestión, el comité de sabios se alía con Galicia. "Generaría incentivos perversos de cara al futuro y sería injusto para las comunidades que han cumplido en mayor grado los compromisos de estabilidad fiscal", expone. No obstante, apunta "una reestructuración transparente de la deuda de las comunidades con el Estado", con mayores plazos de carencia, por ejemplo.
| Status quo. Hasta ahora las comunidades negociaban las sucesivas revisiones del sistema de financiación, con la garantía de que nunca podían perder recursos respecto al modelo anterior. Se acabó, si el Gobierno central hace caso a la mayoría de los sabios económicos. Sólo tendrían una moratoria de un año tras la entrada en vigor del nuevo modelo. Los expertos que en la comisión están a propuesta de Cantabria, Aragón, Extremadura, Castilla y León y Rioja se han opuesto con un voto particular.
| Ordinalidad. Cataluña, antes de la vía soberanista, demandaba el principio de ordinalidad, por el cual la inyección extra que reciben las comunidades más pobres a través de fondos solitarios, no les permita escalar posiciones en el ranking autonómico y conseguir más financiación por habitante que las autonomías más ricas. El comité de expertos aconseja que los recursos aportados por el Fondo de Nivelación, un fondo pensado para reducir la desigualdad entre comunidades en financiación por habitante ajustado a competencia homogéneas, "no debería alterar la ordenación de las comunidades en términos de financiación por habitante". Los expertos de la comisión en defensa de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha han suscrito un voto particular.
| Solidaridad. "Las comunidades forales deberían comenzar de forma inmediata a contribuir a la nivelación interterritorial", exponen los sabios. Respetan el régimen foral por el que se rigen País Vasco y Navarra, pero reclaman que aporten más a las arcas del Estado.
| Tasa turística. Un segundo comité de 10 sabios ha elaborado una propuesta para revisar la financiación local. Sugieren una tasa turística para los Ayuntamientos, en función de pernoctaciones hoteleras. Muchas ciudades europeas ya la aplican, y Barcelona y San Sebastián estudian su creación. Cataluña y Baleares cobran una tasa turística, pero son comunidades, no consistorios. En Galicia, la Xunta no es partidaria ni de impulsarla ni de que los concellos lo hagan por su cuenta, tal como pretende Santiago.
