El Gobierno gallego ultima la nueva Lei de Implantación Empresarial con la que pretende hacer frente a la competencia de Portugal y atraer a Galicia nuevas inversiones. Una de las bazas que jugará será su amplia oferta de suelo industrial para conseguir la implantación de nuevas empresas. La comunidad gallega tenía al cierre de 2016 un total de 674 parcelas en venta, más de dos millones de metros cuadrados de terreno disponible. La Xunta creará, a través de esta ley, un Censo de Suelo Empresarial de Galicia, un instrumento que le servirá para evaluar, planificar y actualizar las necesidades de suelo industrial y además aprobará un reglamento para agilizar la adjudicación de las parcelas.
La idea es facilitar y flexibilizar los requisitos para que las empresas se implanten en Galicia siempre y cuando se trate de proyectos considerados singulares, es decir, que justifiquen "la especial importancia que su actividad o localización supone para la economía de la zona", según aclaran desde la Consellería de Economía. Se aplicarán también estas ventajas en la adjudicación de suelo empresarial cuando se trate de proyectos industriales estratégicos.
Además de este reglamento para agilizar la venta de parcelas, el nuevo Censo de Solo Empresarial permitirá a la Xunta analizar en cada momento el suelo disponible y el grado de ocupación de las áreas empresariales existentes.
De hecho, el problema del gran volumen de suelo vacante que existe en Galicia está en que durante años se abrieron polígonos en municipios del rural con la intención de reactivar la economía de la zona y que, sin embargo, no encontraron demanda. Por el contrario, en áreas más pobladas y con más actividad industrial, como la provincia de Pontevedra, la oferta es menor.
Esto está favoreciendo la fuga de inversiones y proyectos empresariales hacia el Norte de Portugal. La agresiva política de captación de empresas que lleva a cabo el país vecino está perjudicando a Galicia. Además de ofertar suelo empresarial a bajo precio y salarios más bajos está provocando que sobre todo firmas del sector de la automoción relacionadas con el grupo PSA prefieran instalarse en Portugal, en detrimento de la comunidad gallega. De hecho, los proveedores franceses que suministraban a plantas españolas desde Francia y que ahora han dado el salto a la península ibérica están instalándose en el norte del país vecino frente a Galicia, que está perdiendo la oportunidad de incrementar su masa industrial.
El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su preocupación por la competencia que representa Portugal.
Para hacer frente al problema el Gobierno gallego está preparando la Lei de Implantación Empresarial, cuyo borrador pasará mañana por el Consello de la Xunta. "Se buscará favorecer el desarrollo económico del tejido empresarial gallego y la creación de empleo de calidad, consolidando de esta forma a Galicia como una tierra de oportunidades", explican desde el departamento que dirige Francisco Conde.
Para facilitar la captación de inversiones y contribuir a consolidar el tejido empresarial gallego, el texto de la nueva ley recoge una nueva regulación del suelo empresarial que favorece "la flexibilización de procedimientos a nivel administrativo". De esta manera, según explican desde la Consellería de Economía, Galicia se "consolidará como un administración moderna y pionera que responde a las necesidades reales y acompaña al tejido empresarial dando respuestas concretas a casos concretos".
La flexibilización de los requisitos para hacerse con suelo industrial en Galicia se suma al plan de rebajas lanzado por la Xunta en 2015. Aunque ya se venían aplicando descuentos en la compra de parcelas en polígonos industriales con gran cantidad de terreno sin vender, fue en 2015 cuando se intensificaron los descuentos y alcanzaron incluso el 50 por ciento. En algunos incluso se dieron facilidades de pago de tal manera que los empresarios podían hacerse con suelo empresarial sin pagar un euro el primer año. A partir del segundo año, tendrán que abonar un 1,5 por ciento de su precio, porcentaje que se va incrementando progresivamente y que les permitirá hacerse con la propiedad en plazos de hasta 30 años.
Tras dos años de descuentos la Xunta logró vender 304 parcelas, que suman 686.863 metros cuadrados, según los datos facilitados por la Xunta a cierre de 2016. Quedan pendientes, sin embargo otras 674 parcelas de 2,1 millones de metros cuadrados y con un precio de venta global de 139 millones de euros.
