La Consellería de Infraestruturas ha recibido 75 ofertas, de las que 38 son alianzas entre varias empresas, para optar a alguno de los 41 contratos que licitó hace dos semanas para dar cobertura a más de 570 líneas de autobús de la comunidad que se quedaban sin servicio a partir del 8 de agosto. En algunas de ellas, además, se combinará el transporte de viajeros con las rutas escolares.
El plazo que la Xunta había dado a las compañías para la presentación de las propuestas, que corresponden a la primera fase del plan de transporte público de Galicia, acabó ayer al mediodía y desde entonces, según fuentes del departamento autonómico, los técnicos están valorando las ofertas para realizar las adjudicaciones lo antes posible.
Hace una semana, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, avanzó que un centenar de empresas habían mostrado su interés en participar en el concurso. Finalmente fueron 75, de las que casi la mitad son UTES (unión temporal de empresas). La Xunta dispone de menos de dos semanas para analizar todas las propuestas y adjudicar las líneas. Hace una semana, Vázquez reconoció que su departamento estaba "en plazo" para que a partir del 8 de agosto esas 570 líneas -la mayoría de Ourense y Lugo- sigan con su actividad.
El Ejecutivo gallego sigue así con este procedimiento extraordinario tras la renuncia hace un año de las compañías que tenían hasta ahora las adjudicaciones por considerarlas deficitarias. Las tres federaciones de empresas del transporte, que aglutinan a un 90% del sector, anunciaron la semana pasada la presentación de un recurso contra el plan de transporte de la Xunta en el que solicitaron su suspensión, además de pedir la anulación de las condiciones de los 41 contratos. Mientras el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, un organismo dependiente del Ministerio de Economía, decide sobre la denuncia, el proceso de adjudicación de las 570 líneas continúa e incluso el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reconoció hace días la opción de encargar contratos de manera directa.
Límites
Cada grupo empresarial podrá ser adjudicatario de un máximo de diez contratos, una medida que criticó Arriva, una de las empresas de transporte más relevantes de la comunidad. Además, en los diez contratos de menor volumen se priorizarán las ofertas que presenten las pequeñas empresas.
A la hora de valorar las propuestas, la consellería tendrá en cuenta aspectos como la antigüedad máxima y el promedio de los vehículos o la existencia de cinturones de seguridad.
Para las líneas que operen en los entornos metropolitanos se puntuará el compromiso de instalar dispositivos de cobro homologado con las tarjetas del Transporte Metropolitano de Galicia. En el caso del transporte escolar de uso compartido, criticado por trabajadores, empresas y padres, tendrá especial relevancia que los vehículos dispongan de cinturón de seguridad. En estos servicios se valorará también la estabilidad y la seguridad del personal acompañante para garantizar su calidad.
