El enfrentamiento entre Xunta y la patronal del transporte amenaza con dar al traste con todos los avances logrados hasta ahora en las negociaciones con los sindicatos y que permitieron suspender la huelga de autobuses. Las principales federaciones empresariales (Anetra, Fegabús y Transgacar), que aglutinan al 90% del sector, han recurrido por la vía administrativa el Plan de Transporte de la Xunta y reclaman su suspensión, además de solicitar la anulación del pliego de condiciones de los 41 contratos que la Consellería de Infraestruturas licitó la pasada semana.
Mientras la Consellería de Infraestruturas tuvo hasta media docena de reuniones con los trabajadores antes de llegar a un acuerdo con ellos sobre las cláusulas sociales, con las empresas tuvo solo en dos. En una de las que mantuvieron a tres bandas, la patronal se quejó de que la conselleira, Ethel Vázquez, prácticamente no les dirigió la palabra.
El siguiente capítulo de esa relación enquistada que mantienen ambas partes llegó ayer cuando las tres federaciones empresariales (Anetra, Fegabús y Transgacar) movieron ficha para intentar anular el Plan de Transporte. Así, interpusieron un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, un organismo dependiente del Ministerio de Economía, que se ocupa, entre otras cuestiones, de resolver los conflictos que susciten las licitaciones y adjudicaciones de las distintas administraciones.
La patronal tomó la decisión debido a "la inamovible posición mantenida por la Xunta" y porque su plan "condena al sector a una compleja situación de incertidumbre y inestabilidad". Y asegura que la base principal de la impugnación es el camino elegido por la administración en la primera fase del plan de transporte: la adjudicación "directa" de los 41 contratos que darán servicio a 570 líneas de la provincia de Ourense, de gran parte de la provincia de Lugo, del sur de Pontevedra y de zonas concretas de A Coruña en vez de utilizar un procedimiento abierto.
La Xunta lamenta que las empresas que presentaron su renuncia a las concesiones de transporte, y por lo tanto, "abandonarán a partir del próximo mes de agosto la mitad de las líneas de autobús de Galicia", "se empeñen ahora en intentar paralizar el único camino viable y legal para que se mantengan los servicios y los empleos en el sector".
Para hacer frente a las renuncias de las concesionarias, la Xunta "activó de forma inmediata un procedimiento extraordinario" a través de la adjudicación de 41 contratos para asegurar que cuando se hagan efectivas las renuncias empresariales, sigan las líneas de autobús.
La Xunta también se defendió de las acusaciones de que la adjudicación es "directa" y aseguró que adjudicará los nuevos contratos de transporte público siguiendo "un procedimiento transparente y con la concurrencia de empresas".Según explicó, el Plan de Transporte Público de Galicia "responde a un procedimiento con plenas garantías jurídicas" y asegura que está "avalado por la Comisión Europea".
