El Ministerio de Hacienda propone que sea el Catastro quien establezca qué ventas de inmuebles se producen con ganancias y cuáles con pérdidas para aplicar el impuesto de plusvalía únicamente en los primeros casos. Este es el método preferido por el Gobierno central tras las propuestas de los ayuntamientos para solucionar el conflicto legal existente tras la declaración de inconstitucional del gravamen en el caso de que la operación no suponga un beneficio económico.
El Tribunal Constitucional falló contra la aplicación del citado impuesto en los casos de ventas a pérdidas, abriendo no solo la puerta de indemnizaciones para los afectados durante los últimos cinco años, sino también urgiendo una reforma del impuesto para evitar nuevos conflictos.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) urgió ayer a Hacienda para acometer esa modificación legal tras su anuncio de aplicarla. "Valoramos positivamente la intención del Ejecutivo, sobre la que opinaremos al detalle en cuanto la estudiemos, aunque sabemos que se sustenta en las alternativas que le proporcionamos, y exigimos que la tramitación parlamentaria se realice con urgencia", expuso el presidente de los alcaldes, el también regidor de Vigo Abel Caballero.
Reunión de los alcaldes
La FEMP propuso a Hacienda dos fórmulas para calcular si una operación se cierra con ganancias o pérdidas. La primera se basaba en una resta sencilla entre el precio de compra y el posterior precio de venta; la segunda, en un índice establecido por la dirección general del Catastro aplicada al valor catastral del inmueble. Esta es la elegida por el departamento de Cristóbal Montoro, que hoy concretará a los municipios
Hacienda se la planteará hoy a los municipios en una reunión de carácter técnico a la que asistirán el secretario de Estado de la primera, José Enrique Fernández de Moya, y una delegación de la FEMP. Esta, en principio, ve con buenos ojos la fórmula, pero será la junta de gobierno la que decida, según sostienen las fuentes consultadas.
De momento, los ayuntamientos apremiaron ayer a Hacienda y le pidieron "máxima celeridad" en la reforma tras la reunión de su cúpula, según expuso Caballero.
Modificar la ley supone un primer paso para solucionar este conflicto, pero no es el único. Queda por dirimir quién asume las devoluciones del impuesto cobrado indebidamente durante los últimos cinco años, pues los ejercicios previos habrían prescrito.
Devoluciones
Las sociedades de tasación estiman que en Galicia deberían reintegrarse 82 millones de euros a ciudadanos de los 115 concellos que aplican este impuesto y que habrían pagado al fisco a pesar de vender a pérdidas.
La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha reconocido que serán los concellos quienes paguen, pero reclamarán esas cantidades al Gobierno central como responsable subsidiario, pues ellos aplicaron la ley estatal. El año pasado, la recaudación ascendió a 31 millones de euros por este gravamen, un 22% más que durante el ejercicio 2015.
