Cada tres días, el dueño de una vivienda o local alquilados recibe una mala noticia: una multa de 682 euros de media por no depositar la fianza que ejerce de garantía de ese arrendamiento ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), una obligación legal no siempre cumplida. El año pasado, la Xunta impuso 112 sanciones por vulnerar ese precepto y sumó 76.480 euros en total a una media de 682 euros por expediente.
La fianza o señal es una cantidad de dinero abonada por el arrendatario de un piso o local comercial al propietario para poder cubrir eventuales desperfectos en la vivienda tras la finalización del contrato o bien para blindar la opción de un impago del contrato. Desde que en 1985 la Xunta asumió competencias en materia de vivienda, se convirtió también en el obligatorio guardián de esas garantías económicas, que debe depositar el propietario en la sede del IGVS, así como el contrato. Una vez finalizado el plazo estipulado, la administración le reintegra la cantidad custodiada hasta entonces y este, a su vez, se la devuelve al inquilino.
Si el contrato es superior a un año, la garantía debe ser del importe de un mes o de dos en caso de que no se trate de una vivienda. Y debe depositarse ante la Xunta antes de que pase un mes desde la firma del contrato, no desde su entrada en vigor.
Las campaña de publicidad y las noticias en los medios han elevado el conocimiento de esta norma, pero las multas siguen acumulándose. El año pasado fueron 112, cinco más que durante 2015, cuando la cifra recaudada fue de 67.417 euros, según fuentes de la Consellería de Infraestruturas e Vivenda. La media resulta 50 euros más baja que la del ejercicio pasado para unos castigos que pueden oscilar, según la legislación vigente, entre los 300 y los 3.000 euros.
La Xunta asegura que intenta evitar ese extremo y que exime de la multa a quien cumple su obligación tras ser apercibido. "Los propietarios que depositan las fianzas fuera de plazo, pero por iniciativa propia, no son sancionados, solo deben pagar los intereses del plazo transcurrido entre la fecha en que deberían depositar la fianza y la fecha en que realmente lo hacen", sostienen desde el departamento dirigido por Ethel Vázquez.
Evolución
A pesar de ello, las multas crecen. Entre 2011 y 2012 se impusieron 92 por menos de 50.000 euros en total; en 2013, 109 por casi 29.000; y en 2014, 111 por 65.000, según las cifras expuestas el año pasado en el Parlamento por el director del IGVS, Heriberto García. Este señaló el desconocimiento y los alquileres en negro, por lo que el propietario elude acudir a la administración autonómica por temor a ser descubierto por Hacienda.
El montante de las fianzas depositadas en ese organismo tampoco ha dejado de crecer, impulsado precisamente por el miedo a sufrir un castigo económico. En estos momentos, se superan los 111 millones de euros, un 9% más que los 102 registrados a estas alturas del año pasado. Desde 2012 el crecimiento es del 36%. Entonces, la cantidad era de 81,7 millones, por 82,1 al año siguiente y 85,9 en 2014.
A pesar de este balance que muestra un creciente cumplimiento de esta obligación, la Xunta reconoce que un gran número de propietarios se la salta. García cifró el año pasado en el Parlamento en 35.000 los dueños que la esquivan. De los 100.000 pisos alquilados en Galicia con un contrato de más de un año de duración, las fianzas depositadas en julio del año pasado correspondían a entre 60.000 y 65.000.
Conflicto y denuncias
En aquella cita, el director del IGVS señaló las tres principales vías mediante las cuales detectan incumplimientos de ese depósito de fianzas. Por un lado, el conflicto entre arrendador y arrendatario, que provoca en algunos casos que acudan al IGVS para dirimirlo; por otro, las denuncias de los inquilinos; y, por último, el cruce de datos entre Vivenda y la Axencia Tributaria cuando los arrendatarios solicitan una desgravación autonómica por el alquiler de una vivienda cuyo contrato, sin embargo, no consta en el IGVS.
Un fondo para financiar gratis ayudas locales por diez millones
- El fondo de avales depositados en las cuentas de la administración autonómica supone también una ventaja en términos de financiación para el Ejecutivo, que tiene la potestad legal de detraer hasta un 70% para destinarlo a políticas vinculadas a la vivienda.Esa operación fue la que realizó el pasado mes de mayo la Consellería de Infraestruturas, que realizó la tramitación legal necesaria para lograr 10 millones de euros con los que subvencionará a los municipios de menos de 50.000 habitantes -todos salvo las siete ciudades- que realicen acciones de rehabilitación y también luchen contra el feísmo. En la orden que la semana pasada abrió el plazo para solicitar estos créditos a coste cero se incluye la opción de que los municipios destinen ese dinero a acabar las fachadas sin rematar de las casas por la vía forzosa. Ante la negativa del propietario a adecentar su propiedad, el concello lo hará por su cuenta y luego le pasará la factura.Devolución en 20 díasEl Ejecutivo autonómico obtiene, mediante esta potestad legal, usar un dinero "parado" en sus cuentas y por el que no paga ningún interés a sus propietarios. Eso sí, existe la obligación legal de devolver la fianza en un plazo máximo de veinte días una vez finalice el contrato de arrendamiento al que se refiere.Según la Lei de Vivenda de 2012, la Xunta solo puede utilizar estas fianzas para "la promoción, construcción y rehabilitación de viviendas protegidas de promoción pública, actuaciones directas en núcleos antiguos o sujetos a un proceso de renovación urbana, medidas de fomento del alquiler y políticas de fomento del derecho a la vivienda".
