A las 6.15 horas de la madrugada del 7 de septiembre de 2007, una plataforma del viaducto de las obras del AVE que se estaba construyendo sobre el río Arenteiro, en el municipio de O Carballiño, se vino abajo, cobrándose la vida del capataz vigués José Manuel Domínguez Lago, que tenía 45 años, esposa e hijos. Resultaron heridos otros cuatro trabajadores, naturales de Portugal. El juicio para dirimir responsabilidades, casi 10 años después de los hechos, iba a celebrarse desde ayer en el Penal 1 de Ourense. Tras más de dos horas de negociaciones con una decena de abogados implicados, las partes acordaron un pacto de conformidad sobre las indemnizaciones pendientes a las víctimas, aumentando en un 40% la cuantía sobre el baremo y zanjando la absolución de la vía penal contra cuatro encausados.
Cuatro técnicos encargados de la dirección de obra de las empresas que ejecutaban el viaducto, la UTE FCC- Comsa y una subcontrata, fueron procesados por homicidio imprudente, lesiones imprudentes, delito contra los derechos de los trabajadores e incluso falsedad documental, por presuntas infracciones de las normas de prevención y una supuesta omisión de las medidas de seguridad. La Fiscalía no apreciaba un incumplimiento de las medidas de seguridad de la obra, descartando el delito. En diciembre de 2013, de hecho, pidió al juzgado de Instrucción Número 1 de O Carballiño que transformara las diligencias previas en un juicio de faltas. El ministerio público solo apreciaba, en todo caso, una falta en concurso ideal con otras dos. La fiscal delegada en materia de siniestralidad laboral, Elena Fernández, renunció a formular acusación al entender que los hechos se trataban de "faltas de naturaleza privada", según ese escrito.
El siniestro ocurrió cuando los trabajadores trataban de colocar la plataforma de hormigón sobre los pilares del viaducto, que mide un total de 1,44 kilómetros. En el momento del accidente estaban trabajando 11 operarios, 5 de ellos sobre la plataforma. En una de las fases del empuje de la dovela -una operación automatizada que hace un ingeniero desde una caseta-, el tablero se deslizó más de lo debido por un fallo informático y se rompió el sistema de retención. Se vinieron abajo 147 metros de viaducto.
Tras solicitar en un inicio hasta 4 años de prisión para los técnicos, la acusación particular retiró ayer la vía penal una vez sellado el acuerdo con las defensas y las aseguradoras. De las cantidades a indemnizar, unos 350.000 euros de los que aproximadamente 240.000 ya habían sido ingresados a las víctimas, responderán en un 55% dos de las compañías, haciéndose cargo las empresas del importe restante. Los acusados, finalmente absueltos, decidieron no hacer uso de su derecho a última palabra. Son G. M. R., J. P. S., E. J. S. V. y B. S. M.
Un obrero, incapacidad total
La familia del fallecido, que ya había recibido 196.000 euros, percibirá otros 78.000. A F. D. M. V. L., que cobra unos 800 euros de pensión por una incapacidad total, le ingresarán 8.261 euros adicionales a los 20.652 ya consignados. J. F. M. C. recibió 12.928 euros y tendrá otros 12.782. El acuerdo de conformidad en el aspecto civil establece el pago de cantidades compensatorias para otros dos heridos en el accidente: D. C. M. P., cobró 7.700 euros y le corresponden otros 9.100 euros. E. J. R. C. B. percibirá 1.334 euros sumados a los 3.365 que ya le habían ingresado en su momento.
Las compañías y las mercantiles aceptaron desembolsar una responsabilidad civil incrementada sobre el baremo de accidentes de tráfico, con un incremento del 40 % al tratarse de un hecho de gravedad. Las empresas aceptaron pagar una parte porque los seguros no estaban dispuestos de asumir todo. En siniestros como los del siniestro aéreo de Spanair, ya resuelto, o cuando se celebre el juicio por el accidente de Angrois, se usa el mismo criterio de incrementar la cuantía dada la relevancia.
El Penal 1 había reservado toda esta semana para la vista, puesto que estaba programada la asistencia de decenas de testigos y peritos, con 11 abogados para poder interrogar. La conformidad se alcanza 10 años después de los hechos, tras una larga instrucción -la Fiscalía cerró su extracto de pruebas a finales de 2012-, que estuvo plagada de recursos e incidentes. En noviembre, con la vista señalada y con todo listo para practicar la prueba, el juzgado tuvo que suspender y devolver la causa a Instrucción 1 de O Carballiño, para que diera la opción de formular alegatos a todas las aseguradoras con interés en la causa. Ayer se zanjó el caso.
