El fondo de avales depositados en las cuentas de la administración autonómica supone también una ventaja en términos de financiación para el Ejecutivo, que tiene la potestad legal de detraer hasta un 70% para destinarlo a políticas vinculadas a la vivienda.
Esa operación fue la que realizó el pasado mes de mayo la Consellería de Infraestruturas, que realizó la tramitación legal necesaria para lograr 10 millones de euros con los que subvencionará a los municipios de menos de 50.000 habitantes -todos salvo las siete ciudades- que realicen acciones de rehabilitación y también luchen contra el feísmo. En la orden que la semana pasada abrió el plazo para solicitar estos créditos a coste cero se incluye la opción de que los municipios destinen ese dinero a acabar las fachadas sin rematar de las casas por la vía forzosa. Ante la negativa del propietario a adecentar su propiedad, el concello lo hará por su cuenta y luego le pasará la factura.
